Diario de León

El diálogo social o el reto de mantener la marca de las políticas de trabajo

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Hace 20 años que el diálogo social es patente de corso para la política de consenso, de fomento económico, de acuerdos entre agentes implicados en el desarrollo del territorio económico. Igual y equilibrado, según la teoría que se ha de confrontar con la práctica. Con estas condiciones se han suscrito más de 60 acuerdos, en diversas materias, en el ámbito del Diálogo Social. Y en el conjunto de los mismos destacan sin duda las frecuentes actuaciones dirigidas, ya sea directa o indirectamente, hacia el empleo, entendiendo la política de empleo como prioritaria a todos los efectos. El fomento del Diálogo Social como factor de progreso económico y cohesión social, se contempla por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 16, párrafo cuarto, como uno de los principios rectores de las políticas públicas. Si algo distingue a la política de la autonomía, de las áreas de fomento de Empleo en su conjunto, durante estas dos décadas desde que se puso en marcha esta herramienta de acuerdo, es el alto nivel de concertación social alcanzado, hasta el punto de convertirse en una Comunidad Autónoma pionera en el desarrollo del Diálogo Social y una indudable referencia a seguir cuando se quiere reforzar la eficacia y el apoyo de las actuaciones mediante el obligado concurso de las organizaciones sociales y económicas.El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León respalda el diálogo Social, convirtiéndolo en principio rector de las políticas públicas de la comunidad y factor de progreso económico y social, como así lo prueban las múltiples iniciativas desarrolladas tendentes a potenciar la competitividad empresarial, la inserción laboral y la empleabilidad de los trabajadores. La Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional, constituye el soporte y la articulación legal necesarios para que la Junta y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, una vez más, se pongan de acuerdo en lo que al diseño de las políticas de empleo se refiere. Ese es el propósito.

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