Diario de León

Deuda histórica

Diez claudica y ya encuentra dinero en el Ayuntamiento para pagar a Gersul

Abonará los 2,7 M€ que corresponden a León de los 10 que restan para saldar la deuda con la UTE

Contenedores de materiales reciclables en León, que precisa el sistema provincial de residuos. MARCIANO PÉREZ

Contenedores de materiales reciclables en León, que precisa el sistema provincial de residuos. MARCIANO PÉREZ

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Á. Caballero / A. G. Puente
León

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No habrá batalla judicial para eludir el pago del Ayuntamiento de la capital a Gersul para hacer frente al tramo final de la deuda histórica que aún mantiene con la UTE Legio VII. Dos semanas después de que León votara en contra en la asamblea del consorcio del acuerdo para dividir el abono de esta deuda entre la Diputación y los tres municipios más poblados de la provincia y amenazar con plantear un recurso contencioso administrativo, el alcalde ha decidido poner en marcha la maquinaria para conseguir el dinero y afrontar esta responsabilidad. De los diez millones pendientes, León ha de aportar 2,7, el 27,17% del montante global. La Comisión de Hacienda dio ayer el primer paso y respaldó un expediente de modificación de crédito en el presupuesto 2021.

Con esta operación, el Ayuntamiento podrá utilizar el Fondo de Contingencia, 1,2 millones de euros, para saldar parte de su aportación; el resto, «se dotará, previa modificación de crédito, con cargo a saldos disponibles de aplicaciones financieras», según desvelaron ayer fuentes municipales a este periódico. Así, con los 2,7 millones precisos atenderá el acuerdo adoptado por la asamblea de Gersul el pasado día 12.

Presupuesto 2021
Recurre al Fondo de Contingencia y a saldos disponibles a través de modificación de crédito

Precisamente, el Fondo de Contingencia está pensado en el presupuesto «para hacer frente a necesidades imprevistas e inaplazables para las que no hay presupuesto». Al día siguiente de la asamblea, en la que el Ayuntamiento se negó a votar a favor del acuerdo aludido —a través de su representante, el vicepresidente primero y edil de Desarrollo Urbano, García Copete— fundamentalmente por considerar que debía ser el consorcio el que pagara (con el cobro de recibos de la tasa y sus fondos propios) lo que resta de deuda con la UTE, el alcalde se mostró ya más conciliador. Las críticas recibidas por parte de los miembros de Gersul, también con obligación de pago, provocaron que José Antonio Diez sopesara un acuerdo. «Lo que urge mucho al presidente del consorcio, con el que hay que ser solidario evidentemente, es la liquidez para satisfacer ese apremio judicial de 10 millones de euros. Lo que haremos es ver las soluciones para que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible», aseguró, aunque sin descartar aún en ese momento la vía judicial. «Valoraremos, estudiaremos, todavía no está decidido al 100%, si presentamos lógicamente vía contencioso administrativa contra el acuerdo adoptado. Desearía que eso no llegara a esos términos porque de lo que se trata es de arreglar los problemas de los ciudadanos de León y la provincia».

Tres meses para pagar
El alcalde pretendía que el consorcio pagara con sus propios fondos la deuda y amenazó con la vía judicial

Mientras, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, ese mismo día anunciaba ya que las arcas del Palacio de los Guzmanes pagarán «lo antes posible» los 5,2 millones (el 52%, como responsable de los 208 municipios menores de 20.000 habitantes) que corresponden a la institución provincial en el reparto —calculado según la población— para abonar la deuda a la UTE. Ponferrada tendrá que desembolsar 1,4 millones (el 14,1%) y San Andrés algo más de 670.000 euros (6,6%). Todas las partes implicadas tendrán un plazo máximo de tres meses para pagar.

Gersul debe finalizar el abono de la deuda a Legio VII (abonó, tras pedir créditos, 13 de los 23 millones en primavera) por la obligación que marca el auto judicial dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de León el 31 de julio de 2018. «Ante las dificultades de tesorería y la necesidad y urgencia de dar cumplimiento al mandato judicial» y la negativa de los bancos a conceder un préstamo, el consorcio optó por las aportaciones de los socios del consorcio.

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