Diez encarga a la Secretaría el informe que aclare si Pastrana deja de cobrar por grupo

La expulsión de Nicanor Pastrana de Podemos, ratificada por la formación después de más de año y medio, centra ahora sus consecuencias en el Ayuntamiento de León. Pese a que la formación morada ya ha notificado al consistorio la nueva situación, el alcalde, José Antonio Diez, defendió ayer que el paso a la consideración de no adscrito está pendiente del informe encargado a la Secretaría General de la administración, a la vez que reseñó que su socio de gobierno fue elegido por una candidatura de coalición de la que también formaba parte Equo.

Pese a que Equo ya reclamó de forma pública el 10 de septiembre de 2019 que se aplicara el Pacto Antitransfuguismo a Pastrana, el regidor insistió en que se les ha requerido que aclaren cuál es la situación para definir las consecuencias. «No hay plazo predefinido», apuntó el mandatario socialista para enmarcar un proceso en el que su socio de gobierno mantendría su sueldo de dedicación exclusiva, fijado en 47.519,27 euros anuales brutos, así como la delegación de responsabilidades de Participación Ciudadana. El informe deberá resolver la continuidad de estas dos medidas que Diez se aprestó a aprobar en 2019 para eludir la aplicación de la normativa, en la que se reseña que un concejal no adscrito no podrá asumir nuevos cargos o percibir retribuciones que no tenía antes de salir del partido por el que fue elegido e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. A mayores, la Secretaría General deberá afinar si el exconcejal de Podemos pierde la asignación para gastos de funcionamiento de grupo, que asciende a 450 euros adicionales al mes, e, incluso, el contrato de media jornada de personal de confianza que le asiste.

A la espera del informe, Pastrana emitió ayer un comunicado en el que defiende que «la causa principal» de su expulsión del partido «fue la mala praxis de la gestora provisional de Podemos León durante el proceso de negociación con el grupo Socialista para la entrada de la coalición Podemos-Equo en el gobierno municipal». En contra del dictamen de la formación morada, que resuelve que se saltó el resultado de la consulta a los militantes, que rechazaron en un 74% el pacto con el PSOE, el edil insiste en que la consecuencia del proceso viene de que no se plegara «a esas malas prácticas». «No acepté ser cómplice de que la gestora convocara una Consulta a los inscritos de Podemos León a espaldas de todos: grupo de trabajo de Municipalismo del Círculo, equipo de negociación como tal, la Asamblea del Círculo», detalla el político, quien apostilla que no aceptó «una consulta que era extemporánea, después de la primera reunión de negociación», ni tampoco que «la consulta manipulara la voluntad de los inscritos con una pregunta que inducía a votar en contra de seguir con las reuniones de negociación, lo que suponía de hecho un boicot a las negociaciones e impedía llegar a un pacto de gobierno». «Y no acepté que esa ausencia de pacto de gobierno usurpara a la asamblea su competencia exclusiva e intransferible de decidir sobre los pactos pre o post electorales según contemplan los Estatutos y el Código Ético de Podemos. Mi conciencia e integridad personal son el límite», recalcó en la nota, hecha llegar a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento, después de que el miércoles no quisiera hacer declaraciones.