viernes 26/11/21
Imagen de la zona de pasto de la finca de Boñar.

La batalla entre la Diputación y la Junta por la propiedad de la finca ganadera de Boñar acabará en los tribunales. La institución provincial acaba de decidir que interpondrá una reclamación en vía administrativa para recuperar la posesión de los terrenos y edificaciones que integran esta finca. Como ya prevén que no será aceptada por Valladolid, anuncian una demanda judicial contra la Junta por la vía contencioso-administrativa.

La Diputación considera que desde marzo del pasado año, la Consejería de Agricultura y Ganadería ocupa esta finca de forma «indebida» y que desde 1998 (momento en que finalizaron las tres décadas máximas fijadas para el usufructo) hasta la primavera de 2013 ha contado con estos bienes «en precario, por la tolerancia, liberalidad o beneplácito de la institución provincial propietaria».

El Palacio de los Guzmanes había pedido a la Junta la reversión al patrimonio provincial de la finca de Boñar en un escrito fechado el 13 de septiembre de 2012, fijando un plazo no superior a seis meses. Como respuesta, la administración autonómica replicó en diciembre de ese mismo año que no existía «base legal suficiente para acceder a la petición».

Un informe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación evidencia que la Junta no cumple en la finca de Boñar los fines descritos en el convenio. «Nunca se cumplieron los objetivos previstos para el ganado porcino y las actividades de investigación y control de la descendencia del ganado bovino han sido inexistentes o prácticamente nulas».

La historia de la finca de Boñar se remonta a la década de los años sesenta, cuando la Diputación adquirió, en distintos años, ocho parcelas que en su conjunto integran la finca de Boñar con una superficie total de 15 hectáreas, a un lado y otro de la carretera.

En 1964 suscribió un concierto con la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura para «la mejora expansión y fomento de la ganadería en la provincia de León», fundamentalmente para un centro de control de descendencia de la especie bovino de raza parda suiza y para el ganado porcino. Con estos fines, la Diputación cedió en usufructo al Estado los terrenos, incluidos desde 1966 en el inventario provincial como bienes propios.

La finca fue ocupada por el Ministerio en 1969 y en 1973 ambas partes firmaron un convenio para la realización del programa de expansión y desarrollo ganadero de la provincia.

El Estado cedió las instalaciones de Boñar a la Junta en 1984, con el traspaso de competencias a las autonomías, con especifidad de los servicios, entre ellos, el depósito de reproductores selectos.

La Diputación lleva ante los tribunales a la Junta para recuperar la finca de Boñar