Diario de León

Acuerdo 'in extremis'

La Diputación pagará a plazos a Sierra Pambley 6,2 M€ por el Monte San Isidro y evita el juicio

Aún resta por negociar el montante de cada pago y la cadencia pero la fundación no quiere que exceda de los 10 años

El complejo San Cayetano se levantó en su día sobre terrenos del Monte San Isidro comprados a Sierra Pambley. RAMIRO

El complejo San Cayetano se levantó en su día sobre terrenos del Monte San Isidro comprados a Sierra Pambley. RAMIRO

Publicado por
Asun G. Puente
León

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Un acuerdo in extremis evitó que la Diputación tuviera que sentarse ayer en el banquillo para enfrentarse a la demanda civil interpuesta por la Fundación Sierra Pambley, que decidió acudir en 2015 a la vía judicial para reclamar a la institución una millonaria indemnización por usos distintos a los obligados en el contrato que ambas partes firmaron cuando el Palacio de los Guzmanes compró 133,7 hectáreas del Monte San Isidro en 1949. Las arcas provinciales pagarán a plazos los algo más de 6,2 millones de euros a la fundación (cantidad fijada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de León, como valor de este extenso suelo a las afueras de la capital) en un periodo que no excederá de los diez años.

De esta manera, sólo unos días antes de que el juicio tuviera que celebrarse, un principio de acuerdo logró evitar la vista fijada para ayer en sede judicial con la presencia de testigos, entre ellos, expresidentes de la Diputación del PP. Fuentes del patronato de la fundación, confirmaron a este periódico que la jueza dictó el martes una providencia mediante la que suspendía la vista prevista para el día siguiente.

Demanda civil

La fundación cree que la Diputación no ha cumplido los fines sociales que pactó

Los flecos del acuerdo deberán ahora cerrarse para plasmar en un documento formal, aspectos como las cuantías y los plazos con los que las arcas del Palacio de los Guzmanes abonarán a Sierra Pambley la cantidad exacta —6.240.928,98 euros— determinada en su informe por la arquitecta designada por el Juzgado para que estableciera el valor económico de las 133,7 hectáreas, ante la falta de consenso sobre el precio. Mientras los técnicos de la Diputación fijaron la cantidad cercana a los 6,2 millones, los de Sierra Pambley valoraron este suelo en 8,6 millones. Finalmente, la fundación, una vez que la técnica estableció la cantidad, decidió aceptarlo y no recurrir.

Cuando el acuerdo formal sea rubricado entre las partes tendrá que ser enviado a la sede judicial, donde se presentó la demanda civil, para que ésta lo homologue. «El juicio se suspende, pero no se cierra el proceso hasta que no se presente y valide este acuerdo transaccional», aclara la fundación.

Decidida al acuerdo

La institución provincial solicitó el día 4 la suspensión de la vista oral prevista para ayer

Tal y como recoge el escrito remitido por Sierra Pambley al Juzgado el lunes, tras conocer que la institución provincial la semana pasada había presentado otro pidiendo la suspensión de la vista prevista para ayer: «Es cierto que las partes han alcanzado un principio de acuerdo transaccional según el cual la Diputación indemnizará a la Fundación Sierra Pambley con base a la cantidad dictaminada por la perito judicial y que el pago será mediante anualidades en un plazo total no superior a diez años».

Además, precisa que el plazo para que el acuerdo sea cerrado y refrendado por la corporación provincial «no debería superar los 30 días». La fundación se mostró conforme, a través de este escrito, de la suspensión solicitada desde el Palacio de los Guzmanes. También indicaba a la jueza que «esta vez la Diputación parece definitivamente decidida a finalizar el pleito con una transacción que se presentará en el juzgado para su homologación».

Esta es la tercera vez, desde que en 2015 la fundación presentó la demanda civil, que la Diputación logra parar la vista. En las dos anteriores, el equipo de gobierno de Martínez Majo ofreció al patronato 200.000 euros al año durante dos décadas, un acuerdo que no aceptó la fundación por su largo plazo de abono previsto por las arcas provinciales como indemnización.

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