La Diputación rechaza pintar el mapa de la ordenación territorial que impulsa la Junta

La Diputación de León se sale del guión que reserva la Junta para sacar adelante la ordenación territorial, que lleva envuelta tres décadas en diferentes intentos; todos fallidos.

El ejecutivo de la entidad leonesa se desmarca de la encomienda de la administración autonómica, que delega en «las diputaciones provinciales la responsabilidad de elaborar un estudio de zonificación de toda la provincia para la delimitación de las áreas funcionales rurales», según especifica en el artículo séptimo del proyecto de ley con el que se quiere impulsar desde Valladolid el reordenamiento del territorio de la autonomía, con revoques específicos de aquel otro proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, que también quedó atascado en medio del rechazo general, el desacuerdo político y las disensiones generalizadas entre multitud de puntos de vista.

El Gobierno de la Diputación de León acaba de poner en marcha la maquinaria administrativa para rechazar de forma oficial cualquier implicación en el diseño de estas áreas funcionales, por entender que le resulta ajeno, por atribuciones de gestión y por ámbito competencial. Entiende el ejecutivo del Palacio de los Guzmanes que esta decisión de endosar desde los órganos autonómicos la responsabilidad de la elaboración de los mapas se toma sin que las diputaciones hayan adoptado acuerdos corporativos aceptar la tarea, sin prever ni en el proyecto de ley ni en la memoria presentada en las Cortes los recursos necesarios para llevarlo a cabo. «Se nos impone a la Diputación una obligación sin aportar los recursos para cumplirla», resume el documento en el que se exponen las causas de este rechazo.

Además de por la forma, la Diputación leonesa encuentra material de fondo para declinar su participación en el proceso, al entender que, después de 30 años de recorrido por un pasillo sin salida hacia la aprobación, la Junta teme un nuevo fracaso. Que se interpreta como causa definitiva para que la Junta encomiende a la Diputación el diseño de las nuevas áreas para concentrar servicios, redibujar el mapa provincial, en definitiva. «Lo que no ha hecho la Junta en 30 años se nos impone que lo hagamos las diputaciones en 6 meses», según se recoge en el documento que, vía moción, encauza el litigio frente a este procedimiento, y el proyecto de Ley que volvió a la escena política y al papel oficial el pasado verano.

Las enmiendas, borrones, y reconstrucción de articulado anterior que creaba disensiones, las nuevas disposiciones de la ordenación, no bastan para poner en la misma línea de acción a la Diputación y a la Junta. El dibujo de los mapas de ordenación de servicios sin concretar la localización, dotación y disponibilidad, los horarios y el margen de atención de los servicios públicos de titularidad autonómica son otros elementos discordantes. Otra competencia de la Junta sobre la que la Diputación no se ve facultada para intervenir.