El diputado de Turismo y dos técnicos se opusieron al plan de Barazón en San Isidro

El diputado provincial de Turismo, Miguel Ángel del Egido, la directora de la estación de esquí de San Isidro, Olga Álvarez, y un profesional del área de contratación de la Diputación de León manifestaron en sus declaraciones como testigos ante la Guardia Civil que no aprobaban los planes del ex presidente de la institución provincial, Marcos Martínez Barazón, para la privatización de determinados servicios de las instalaciones y en lo tocante a la adjudicación de las cafeterías, según consta en el sumario ya revelado de la Operación Púnica, del que este periódico ya había avanzado ayer los detalles más interesantes.

Del Egido fue interrogado el 11 de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de León sobre el proyecto de unión de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno y explicó a los agentes que se opuso a la voluntad del presidente.

«La obra a realizar es considerada para el dicente desde el punto de vista del impacto medioambiental», explica el acta de la Benemérita, «y Marcos le dice que hay que hacerlo como si fuera una imposición. Que el dicente considera que es apresurado, mucho, que se debería hacer declaración de impacto ambiental y que probablemente pudiera tardar un año y medio, y que desde el punto de vista administrativo para hacer la fusión hay que hacer un estudio importante económico, valorando muchos aspectos, realizándose para una empresa especializada sin contar de los demás instrumentos de la Diputación. Que estas gestiones pueden tardar mucho tiempo. Que Marcos le insistió en que debía de hacerse este año. Que considera que era una imposición acelerada de Marcos, todo ello en contra de su criterio, que el dicente considera que era una fórmula apresurada».

Al margen

«Preguntado por cuál cree que puede ser el motivo por el cual Marcos le quería mantener al margen de las negociaciones que estaba teniendo por el tema de San Isidro manifiesta que porque si eso sale adelante era un espaldarazo, que al ser protagonista de ésto, el Servicio de Turismo quedaba fuera. Que en Asturias se dio cuenta que en base al convenio de forfait, las declaraciones que hace en presencia de la consejera de Asturias le sorprenden, que dice que la fusión de pistas es este año, que considera que era un farol, ya que era inviable», explica en el transcurso de la declaración realizada ante los agentes de la Guardia Civil.

Olga Álvarez, directora de la estación de San Isidro, aseguró en el interrogatorio al que fue sometida el 9 de febrero que «las prisas que había por adjudicar las cafeterías el año pasado no eran normales». También declaró en León. «Manifiesta que le pidió a la dicente el jefe de servicio, Ovidio (Altable), que había que hacer unas modificaciones urgentes en el pliego que la dicente había realizado en agosto de 2014, pero que había prisa. Que la dicente observó unas modificaciones sobre su pliego realizado en color rojo a modo de modificaciones. La primera de las modificaciones en color rojo que no estaba bien, no estaba de acuerdo. Había varias, la primera de las modificaciones con las que la dicente no estuvo conforme venía a decir que el que resultara adjudicatario iba a tener una situación de privilegio en años sucesivos y observó el hecho que motivó su reparo. Que vió otras anotaciones en rojo sobre su pliego, concretamente dos, que eran posibles. Una consistía en que se podría abrir las cafeterías hasta finales de agosto y otra que se invirtiera en cuestiones de publicidad y eventos. Eso a su vez, la dicente pensó en valorarlo con el departamento de contratación de la Diputación de León. Que la persona de contratación es Ricardo y desechó el cambio que daba un privilegio en la primera de las modificaciones», refleja el informe que emiten los agentes y consta en el sumario.

La Guardia Civil tomó declaración en calidad de testigo a un profesional del servicio de contratación de la Diputación de León que fue interrogado el pasado día 11 de marzo. Considera el testigo que el tratamiento que recibían las empresas a las que se facilitó el pliego de condiciones de los contratos por anticipado es «del todo ilegal».

«Preguntado si considera como profesional en derecho y en materia de contratación que una de las empresas mencionadas Alinet o Harmony tuvieran acceso a los pliegos de condiciones técnicas antes de la publicación de los mismos y así como que en esos pliegos se realizaran modificaciones por parte de una de ellas manifiesta que no es correcto y que se esta dando un trato prioritario, privilegiado y preferente a estas empresas, que es del todo ilegal, que vulnera los principios mas elementales de la contratación administrativa».