Los empleados denuncian al Ayuntamiento de León por vulnerar la protección de datos

La apuesta por aumentar el control sobre los empleados, pero sin cumplir con lo establecido en el marco legal de la Ley de Protección de Datos se puede volver contra el Ayuntamiento de León, después de que sus responsables despacharan la pasada semana la puesta en marcha del sistema de huella digital con un simple aviso en la intranet municipal para que los trabajadores pasaran a dejar sus huellas. Sin la creación mediante disposición de carácter general del fichero pertinente para recoger la información, ni la oportuna comunicación que cumpla los parámetros legales, más allá de solicitarles que acudieran «con una fotografía reciente» para ser «escaneada», como se recoge en la escueta comunicación firmada por la concejal delegada de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes. Nada que ver con el modo de funcionamiento exigido por las autoridades legislativas, según consta en la denuncia presentada por la Agrupación Sindical Independiente (Asial) ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se subraya que ha sido «realizado completamente al margen de la ley y, por tanto, de forma claramente fraudulenta». Unas acusaciones que, conforme a la reclamación sindical, suponen la «vulneración» de principios legales tipificados con multas de hasta 300.000 euros; unas sanciones que ya cuentan con antecedentes como los sufridos ya por la Junta de Castilla-La Mancha por una actuación en similares circunstancias.

La denuncia registrada por Asial detalla que el procedimiento seguido por la concejalía que dirige Lesmes supone la «presunta infracción de los artículos 5, 9, 11 y 20 de la Ley de protección de Datos de carácter personal». No por el hecho de recoger las huellas de los empleados para utilizarlas como método de control de sus horarios de entrada y salida, de sus asistencias y ausencias, sino por la forma en la que se ha procedido a desarrollar el contrato de suministro, parametrización, instalación y puesta en marcha de un sistema de control de horario por huella digital que se adjudicó a mediados de agosto, a la empresa ZP Informática SL, con un coste de 18.948,60 euros.

La «vulneración» principal que se reseña en la denuncia, dado que la infracción está recogida como grave en la Ley de Protección de Datos, tiene que ver con el artículo 20. Ahí se apunta que «la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente», sin que el Ayuntamiento de León haya procedido a recoger en ninguna ordenanza este nuevo sistema, como recalca Asial.

A partir de este error, el texto presentado por el sindicato ante la Agencia de Protección de Datos abunda en que también se infringe «el artículo 9, relativo a la seguridad de los datos aportados, por la sencilla razón de que no se han creado los ficheros que amparan la organización de tales datos de carácter personal, y regulan la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso», además de que «tampoco se ha establecido el responsable de tales ficheros».

Información

No se queda ahí el texto presentado por el sindicato municipal, que insiste en que «se ha vulnerado los dispuesto sobre derecho a la información en la recogida de datos», ya la ley establece que a los interesados «deben ser informados de modo expreso, preciso e inequívoco de la existencia de un fichero», del «carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas planteadas», de «las consecuencias de la obtención de datos o la negativa a suministrarlos», de la «posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», y de «la identidad y dirección del responsable del tratamiento». En éste último punto se incide al señalar que «en el proceso está interviniendo una empresa externa contratada por la administración municipal, cuya implicación en el proceso se desconoce».

Las acciones ejercitadas por Asial reclaman que, hasta que resuelva el expediente, la Agencia de Protección de Datos «adopte la medida provisional de instar al Ayuntamiento de León a que deje sin efecto las actuaciones de implantación de un sistema de control de horario, en tanto se mantenga la irregular actuación municipal, por cuanto se están violentando derechos fundamentales constitucionalmente protegidos del personal afectado».

Mientras, ya han pasado a dejar sus huellas los trabajadores de los edificios de Ordoño II, la plaza de San Marcelo y el Palacio de Don Gutierre, en los que se quiere imponer de manera inicial el control contratado para un número inicial de 500 usuarios.