Las entidades financieras deberán declarar quiénes son los titulares reales de los productos
Las entidades declarantes (entidades de crédito, de dinero electrónico y las entidades de pago) «deben detallar desde 2021 también quienes son los titulares reales de dichos productos financieros (y no solo los titulares nominales, las personas que hayan contratado los productos)», explican los profesionales consultados.
Se ha estado hablando en redes sociales de que ahora el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etcétera, «iban a tener acceso a todos nuestros movimientos bancarios con todo el lujo de detalle y que podría ‘monitorizarnos’. Esto es falso», afirma Edo Bakker es CEO de Agile Control Solutions. «Hay que reiterar que en el FTF únicamente se declara la información de los productos financieros contratados con su numeración de identificación, tipo de producto y las fechas de apertura y de cancelación».
No todos lo ven así. «En la lucha no todo vale contra la prevención del blanqueo de capitales, asegura Jose Antonio Tuero, socio de penal de Martínez-Echevarría Abogados. «Hay otra cosa que me llama la atención en la exposición de motivos habla del acceso de fichero de titularidades financieras, pero en el artículo 2.1.b, se habla de acceso a todo tipo de información y acciones financieras. De alguna forma está permitiendo el acceso a esa información financiera. Habrá que tipo de información», concluye.
El caso que dio pie a la modificación legal fue una investigación policial que llevó a destapar una trama de blanqueo de capitales en Madrid. Según los hechos, un grupo de conocidos y familiares utilizaba un entramado de empresas ficticias para evitar pagar a Hacienda y llevarse el dinero a China.
Los condenados denunciaron que la policía había vulnerado su derecho a la intimidad, al investigar sin permiso los datos de varias cuentas bancarias, donde habían ingresado de forma recurrente dinero en efectivo destinado a distintas sociedades fantasma. Según su recurso, las autoridades invadieron su esfera privada y el derecho al secreto bancario al no solicitar una autorización del juez para llevar a cabo sus pesquisas. El Supremo consideró la investigación ajustada a derecho y abrió esta vía.