El escudo social de la pandemia
Los afectados —6.017 en León actualmente— tendrán acceso a la prestación sin carencia y no les computa el periodo consumido hasta 2022
A cierre del mes de diciembre estaban en Erte más de 755.610 trabajadores —6.017 en la provincia leonesa—, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones —24.173 en León—. El plan de rescate de apoyo a la hostelería, el comercio y el turismo, que aprobó el Gobierno hace unas semanas, amplió el número de sectores «ultraprotegidos» por los expedientes de regulación a varias actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, los establecimientos de bebidas y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).
La regulación actual de los Erte, vigente hasta el próximo 31 de enero, establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y contempla dos figuras, los Erte de impedimento de actividad y los Erte de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.
Los Erte de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.
En el caso de las nuevas modalidades de Erte vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los Erte por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los Erte de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.
Los Erte de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los Erte de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%. De prorrogarse el decreto actual, los trabajadores afectados por Erte tendrían acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computaría el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldría al 70% de la base reguladora. Además, las empresas con Erte tendrían limitado el reparto de dividendos, prohibido externalizar y la realización de horas extra, entre otras medidas.
Por su parte, la organización Uatae asegura que los autónomos deberían forman parte de la negociación de estas medidas que son el escudo social de la pandemia. «Las ayudas a los autónomos siguen ausentes», señalan. Para ellos, los últimos datos de la Seguridad Social dejaron entrever de forma alarmante la situación delicada que afrontan sectores como el comercio o la hostelería. Han sido los colectivos más perjudicados en términos anuales, donde asumen las mayores pérdidas. La organización alerta de que la situación empeorará sin retorno si no se empieza a revertir la situación, recuperando la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, y con el impulso de ayudas que vayan en la tónica de la aplicación de moratorias en préstamos, créditos, leasing, renting o cualquier otra fórmula financiera ligada a la actividad comercial. «La recuperación de los trabajadores y trabajadoras autónomas se verá ralentizada, ocasionando el cierre de muchos comercios que no podrán hacer frente al esfuerzo que vienen sosteniendo», aseveran.