Fabricantes y concesionarios piden 2.546 puntos de recarga eléctrica antes de 2030

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la patronal de los concesionarios (Faconauto) han presentado el Mapa de Despliegue de Puntos de Recarga de Acceso Público para Vehículos Electrificados en Castilla y León. Con esta iniciativa, las asociaciones quieren facilitar e impulsar el mercado de los vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables para alcanzar un parque de tres millones de turismos en España que exige para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Para esto, es imprescindible tener instalados como mínimo 14.691 puntos de recarga de acceso público en 2030 en la comunidad, de los que 2.546 están localizados en León, según la metodología elaborada por Anfac, en colaboración con Faconauto

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 539 puntos de recarga de acceso público. Este sistema permite planificar y monitorizar, año a año a nivel cuantitativo y cualitativo, el desarrollo de infraestructura de recarga de acceso público necesaria a nivel nacional, comunidades autónomas, provincias y principales corredores por nivel de intensidad media de transporte.

Para establecer el indicador sobre los puntos necesarios y su distribución a lo largo de la región, se ha partido de la previsión de cuota de parque de vehículos electrificados (turismos y comerciales ligeros) en cada provincia hasta 2030, la cuota de población motorizable también en cada provincia y la cuota de PIB provincial, para posteriormente aplicar una distribución cualitativa local en base a tres ratios: un punto de más de 50 kW por cada 100 vehículos eléctricos puros; uno de más de 150 kW por cada 1.000 vehículos eléctricos puros y otro más de 250 kW por cada 1.000 vehículos eléctricos puros.

Este análisis se complementa además con un estudio de la necesidad de infraestructura de alta potencia, por encima de los 250 kW, en los principales corredores de la Red de Carreteras del Estado. Para este análisis, se han tenido en cuenta las intensidades medias diarias por tramo de vía y provincia, una distribución mínima de un punto por cada 150 kilómetros de vía, la cuota de vehículos eléctricos puros sobre el total del parque de vehículos y que el tiempo de espera para recargar no sea superior al de un vehículo que ya esté cargando. De este modo, se obtienen el número de puntos mínimos de alta potencia en cada uno de los corredores. Esta herramienta permite ir definiendo los objetivos, año a año, para acompasarse con el crecimiento necesario del parque para alcanzar los tres millones de turismos electrificados establecidos para 2030 en España. Como hitos intermedios en León, la metodología lleva a una red mínima de puntos aproximadamente 497 puntos de recarga de acceso público en 2023; 802 en 2025. A nivel nacional, habría que contar con aproximadamente 70.000 puntos de recarga de acceso público en 2023; 120.000 en 2025, y 340.000 en 2030.

Con una cuota de mercado (acumulado de enero a junio de este año) del 2% para los turismos eléctricos y un 4,2% para los turismos híbridos enchufables, «claramente insuficiente», Anfac y Faconauto apuestan por un impulso adicional de las infraestructuras públicas de recarga para fomentar la demanda que ve, en este aspecto una de las principales inseguridades a la hora de adquirir esta tecnología.

En este sentido, ambas entidades explican que es prioritario que el Gobierno establezca una hoja de ruta, con objetivos vinculantes, basada en una metodología consensuada. Disponer de esta herramienta es necesario si se aspira a un desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público en número, capilaridad y calidad, compatible con los objetivos planteados por el Gobierno. Para ello, es necesario romper la tendencia actual y evolucionar a un escenario óptimo de despliegue que deberá apoyarse en dos pilares clave: «Un órgano de gobernanza, auspiciado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permita coordinar y monitorizar este despliegue, así como el desarrollo de medidas urgentes y habilitantes que hagan frente a las numerosas trabas administrativas y barreras regulatorias para la puesta en marcha de un punto de recarga».