El fin de los ertes por covid pone en alerta a cerca de 800 trabajadores y 354 empresas

Las ayudas que puso en marcha el Gobierno en marzo de 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia expiran el próximo 28 de febrero sin que se conozca todavía cómo va a afectar esta decisión a las 354 empresas de la provincia que aún mantienen activos expedientes de regulación temporal de empleo y a los 747 trabajadores que el 17 de febrero tenían por este motivo su jornada laboral suspendida, el 44,5% de forma total.

También hay mucha incertidumbre respecto a cómo van a quedar los 982 autónomos a los que a principios de este mes la Seguridad Social concedió alguna de las subvenciones aprobadas para paliar la caída de la actividad y que en los peores meses de la emergencia sanitaria cobraron miles de beneficiarios en León. El Ejecutivo central considera que no es necesario ampliar ninguna de estas medidas y que en la reforma laboral hay mecanismos suficientes para que esa transición se haga sin problemas.

No están tan seguros los sindicatos, ni la patronal, que, durante la reunión del jueves con la ministra Yolanda Díaz, reclamaron una nueva moratoria y, sobre todo, que se mantengan los actuales niveles de cobertura y protección social ante la vuelta a la normalidad en la mayor parte de los sectores. Piden, además, que haya una especial atención a las actividades más golpeadas por el covid, como puede ser el turismo.

Desde el Gobierno defienden que los expedientes de regulación «van a continuar» y que no es «necesario renovarlos» porque la propia reforma laboral, en vigor desde finales de 2021, permite su despliegue sin tanta burocracia y de una manera más efectiva. Lo que sí dará Trabajo es un mes a las empresas para que puedan transitar de los ertes de la pandemia al nuevo modelo, conocido como Mecanismo Red , que, según precisó ayer Yolanda Díaz, podría ver la luz en el Consejo de Ministros del próximo martes.

A falta de que se concreten el resto de los detalles, lo que ya se sabe, tras ese primer encuentro, es que los ertes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (Etop) serán más flexibles, sobre todo para las pymes. El periodo de consultas se reduce a siete días en los centros de trabajo con menos de cincuenta empleados. Como novedad incorporan la prohibición de hacer horas extra y de externalizar parte de la producción.

Del mismo modo, la nueva regulación, que entrará en vigor en menos de dos semanas, permite aplicar un Erte cuando haya una limitación o cese de la actividad por una decisión administrativa, como ocurrió durante el confinamiento y los sucesivos cierres de la hostelería, el sector que, junto con el comercio al por menor, más ha sufrido las consecuencias de la actual crisis.

La reducción de la jornada en estos casos oscilará entre el 10 y el 70%, aunque durante el periodo de vigencia del expediente podrán entrar y salir trabajadores en función de las necesidades de la empresa.

También habrá bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, del 20% si es un erte por causas económicas o productivas, y del 90% si es por fuerza mayor. Como ocurría antes, esos beneficios estarán vinculados a que se mantenga la totalidad de la plantilla, el principal objetivo de una herramienta laboral que «salvó 3,6 millones de empleos y más de 500.000 empresas», defiende el Gobierno.