El fin de la moratoria concursal pone en jaque el futuro de 1.500 negocios en la provincia

La moratoria de los procesos concursales para las empresas con problemas de solvencia que se aprobó en abril de 2020 como una de las medidas fundamentales para defender el tejido productivo del impacto del covid llega hoy a su fin. Como lo hace también el periodo de carencia negociado con las entidades para quienes han solicitado créditos ICO.

Tras varias prórrogas , las dificultades reales de las sociedades y las exigencias de los deudores pueden de nuevo salir a la luz. Una situación que evidenciará los problemas de alrededor de un 5% de las empresas leonesas, unas 1.500 (según los cálculos de Iberinform); si bien hay que matizar que una mayoría muy relevante son micropymes y negocios personales, y que hay también sociedades cuya actividad real cesó hace tiempo, aunque siguen registrándose estadísticamente.

El caso es que la prórroga de esta medida más allá de lo aconsejado inicialmente se debe a la persistencia de las olas de contagios (y restricciones), y también al retraso en la tramitación de una nueva ley concursal que pretende ser más eficiente. La decisión ha permitido que empresas con futuro tengan un respiro para reorganizar y refinanciar sus cuentas, pero también ha tenido efectos negativos: ha trasladado al conjunto del sistema la insolvencia de las empresas inviables , y ha restado apoyo económico a los proyectos que sí tienen futuro.

Ahora en el ámbito judicial se teme una avalancha de concursos que colapsarán aún más los atestados juzgados de lo Mercantil, mientras el Gobierno tramita la nueva ley y confía en los plazos para retrasar hasta el otoño la presentación efectiva de las reclamaciones, y que entonces esté ya en vigor una nueva normativa que pretende racionalizar los procesos.

En el período pandémico León registró en 2020 un total de 20 procesos concursales , frente a los 22 de 2019 (datos del INE), que a pesar de la moratoria se elevaron a 28 el año pasado (según el Consejo General del Poder Judicial). La mayor parte de ellos de micropymes. Con la demanda permanente de más medios para atender este apartado judicial, cuya carga de trabajo es creciente en los últimos años, afrontan el empresariado y la judicatura leoneses la vuelta a la realidad de los procesos de reclamación de deudas en las empresas.

Ahora además que el repunte de los tipos de interés y una inflación disparada , la crisis energética y de las materias primas y la guerra retraen la confianza y por tanto el consumo, reducen la renta disponible de las familias y endurecen las condiciones de financiación de los negocios. Una tormenta perfecta en la que las consecuencias de la incertidumbre para las decisiones de inversión de las empresas y, sobre todo, las de gasto de las familias, juegan un papel fundamental en el proceso de desaceleración económica.

Uno de los efectos secundarios de la moratoria concursal, que en efecto ha logrado que se frenen los procesos jurídicos de reestructuración de deuda y liquidación de negocios inviables, es que las insolvencias tapadas de estos últimos se hayan trasladado al resto de las empresas, porque han seguido operando. Algunos expertos advierten contra la ‘zombificación’ de parte del tejido empresarial, porque estas empresas sin futuro real puede estar recibiendo ayudas que sí impulsarían la actividad de otros proyectos con dificultades puntuales, pero que sí son viables.

El caso es que las prórrogas de esta excepción concursal se argumentaron con la aprobación de una nueva ley, que en la práctica al final debe pasar hoy su último trámite en el Congreso antes de salvar el trámite en el Senado el 20 de julio.

Una advertencia

Ya cuando se aprobó la medida de la moratoria concursal en abril de 2020 que suspendía la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores , con el fin de evitar que empresas con importantes pérdidas debidas a la pandemia pero viables fueran liquidadas, el Banco de Espeña advirtió de las consecuencias que podría acarrear prorrogar una medida que en principio no debía haber llegado más allá de finales de 2020.

Se ha evitado una avalancha de solicitudes concursales en los juzgados de lo Mercantil, pero se ha contribuido también a la supervivencia de empresas inviables. Son las llamadas empresas zombis. «Es evidente que este fenómeno reduce los beneficios del resto de las empresas, disminuye la inversión y el crecimiento del empleo, desincentiva la entrada de nuevas sociedades y provoca una mala asignación de los recursos productivos».

La moratoria concursal llega así a ser, según el BDE, «un caso extremo de un sistema de insolvencias ineficiente». Que no trata la reestructuración de las deudas de empresas viables y la liquidación de las inviables. Por eso recomendaba entonces no extender el mecanismo más allá de finales de 2020. Es cierto que la pandemia ha paralizado reiteradamente la actividad desde entonces. Pero ya se advertía de que se podría «exacerbar el problema: las empresas inviables seguirán en el mercado y se acumularían los casos de insolvencia, que habrían de resolverse cuando finalmente se alce la moratoria».