operación púnica
El fiscal contabiliza 64 delitos en León en la administración pública
Martín Granizo reclama más técnicos para luchar contra la corrupción.
La memoria de la Fiscalía registra 64 delitos contra la administración pública en la provincia de León, de los que 20 corresponden a casos de prevaricación administrativa.
El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, reclamó ayer en las Cortes de Castilla y León más medios para luchar de forma eficaz contra la corrupción política y los delitos económicos y aseguró que sería necesario que las fiscalías contaran con el apoyo de inspectores de hacienda y de técnicos en materia contables.
Martín Granizo, que ayer presentó la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad correspondiente a 2013 ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, puntualizó que aunque «afortunadamente» en la Comunidad no son muchos los casos, «si nos haría falta el apoyo de estos técnicos en ocasiones puntuales para valorar adecuadamente los hechos, tanto en los casos de delitos fiscales o cuando nos enfrentamos a blanqueo de capitales».
A su vez, matizó que esta colaboración de técnicos también sería fundamental en otras materias complejas como pueden ser las urbanísticas y afirmó que «aunque no tenemos un volumen de casos como la Fiscalía Anticorrupción y son muy pocos los asuntos de corrupción que llegan hasta el TSJCyL, para una mayor agilidad sería fundamental esta colaboración puntual».
El fiscal superior insistió en que el Código Penal cuenta con los resortes necesarios para perseguir a los corruptos, aunque reconoció las trabas que impone una Ley de Enjuiciamiento Criminal «vieja y caduca» que no permite la agilidad necesaria para llevar a término una investigación de forma rápida como demandan los ciudadanos. En cualquiera de los casos, el acusador público ha reiterado que al final «el que la hace la paga».
Por otra parte, Martín Granizo también se refirió al incremento de las agresiones de hijos a padres, que han pasado de las 18 contabilizadas en 2012 a las 200 del pasado ejercicio, asegurando que la primera razón de esta subida hay que buscar la en los casos que no denunciaban y que ahora están saliendo a la luz. «Estamos ante una realidad social que siempre ha existido, pero que no se solía denunciar por lo duro que es para un padre acusar de este tipo de delitos a un hijo menor de edad».
Sobre las causas que están detrás de este tipo de delitos aseguró que ninguna de las fiscalías provinciales ha realizado un estudio en profundidad que pueda explicar los motivos, aunque matizó que las consecuencias de la crisis económica, en especial la disminución de los recursos económicos de la familias, «no favorece, aunque tampoco es una causa inmediata. La realidad es que estamos ante un dato muy preocupante que, una vez detectado, hay que analizar en profundidad».
Al mismo tiempo, resaltó el buen trabajo que vienen haciendo los fiscales de menores de las nueve provincias de la Comunidad, a los que pidió que continúen «ojo avizor» para detectar la raíz que está detrás de las agresiones de hijos a padres. «Tenemos que procurar plantear algunas soluciones a este grave problema social».
