lunes. 03.10.2022
Desclasificación

El Gobierno abre la vía para reclamar más de 2.000 bienes que la Iglesia puso a su nombre

Pueblos o particulares ya pueden demandar propiedades inmatriculadas entre 1998 y 2015, aunque con escasas opciones
La Catedral de León fue uno de los primeros monumentos en ser inmatriculados. Su valor catastral es de 3,7 millones de euros. JESÚS F. SALVADORES

El Gobierno ha desclasificado tras un tortuoso proceso administrativo las propiedades que la Iglesia católica puso a su nombre entre 1998 y 2015 y deja abierta la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de 2.012 bienes, principalmente ermitas, iglesias, fincas y casas rectorales, según el documento al que tuvo ayer acceso este periódico. En el listado de propiedades también se incluyen catedrales y grandes construcciones como seminarios y parroquias. Después de La Coruña (2.669), Lérida (2.157), Cantabria (2.058) y Orense (2.017), el quinto mayor inventario religioso está en la provincia leonesa, dividido en las diócesis de León y Astorga.

La mayor complejidad con la que se han encontrado los expertos es definir el laberinto jurídico que comenzará ahora que se conoce la titularidad, una a una, de todos los bienes que juntas vecinales y ayuntamientos consideraban hasta ahora públicos. Pero el camino para reclamarlos se estima corto, dado que el propio Gobierno admite que esos bienes se inmatricularon «a la luz de la legalidad», en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo recogidas por Efe.

No obstante, la publicación de estos bienes a buen seguro será revisada por las administraciones locales puesto que la titularidad de gran parte de los bienes nunca estuvo a nombre de la Iglesia. Según el documento registrado ayer en el Congreso de los Diputados, sólo 77 de las 2.012 propiedades tenían un título de propiedad. El resto (1.935) pasaron a manos de la Iglesia católica durante un cuestionable proceso que se podía abrir con una mera declaración diocesana y sin exposición pública, por lo que muchos pueblos se han ido enterando de que las propiedades no son suyas conforme han ido pasando estos 17 años y ahora están dispuestos a reclamar contra el amparo de los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que, durante el Gobierno de José María Aznar, otorgó la posibilidad de realizar este registro a gran escala.

Obispados sin papeles

De las 2.012 iglesias, fincas o monumentos de León, las diócesis sólo tenían certificación de 77

Pero cualquier entidad local o persona física que pretenda enfrentarse a la Iglesia por un bien común lo va a tener muy complicado, muy probablemente porque ya está registrado a nombre de algún obispado o parroquia; y el que registra primero gana. Además, la Iglesia está respaldada legalmente por varios artículos de la Ley Hipotecaria redactada en 1946 y modificada diez veces hasta el año 2003, y por el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, firmado en 1979. Además, el certificado de dominio de tiempo inmemorial, que se justificaba en los libros de fábrica —son los libros de administración de los centros de culto—, fue asumido por el Registro de la Propiedad como documento válido. En 2015 hubo una modificación normativa que eliminó esa posibilidad y, por tanto, la lista incluye los bienes inmatriculados entre 1998 y ese año, no después.

obispo

Con todo ello, a partir de ahora, las personas físicas y jurídicas ya tienen conocimiento del listado por si se considerase necesario actuar sobre la propiedad de los inmuebles. Esa iniciativa se hizo al amparo de una situación legal con independencia de que hubiera formaciones políticas contrarias a la reforma propiciada por el Gobierno de Aznar.

Por eso, a partir del paso dado ayer por el Gobierno, quien crea que tiene derechos sobre alguna propiedad, puede actuar mediante una primera vía para que la administración abra una investigación sobre la titularidad de los inmuebles y también acudiendo a los tribunales. «Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Gobierno de Mariano Rajoy y que no cumplió», aseveró la vicepresidenta Carmen Calvo. Justificó en la laboriosidad de este estudio que no haya sido posible hasta ahora atender el mandato aprobado por el Congreso en 2017 y resaltó el ejercicio de transparencia que supone conocer esa relación de inmuebles. En la proposición del PSOE aprobada entonces se instó al Ejecutivo a analizar los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclamase la propiedad de esos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados, como la Mezquita de Córdoba. La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.

El Gobierno abre la vía para reclamar más de 2.000 bienes que la Iglesia puso a su nombre
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