viernes. 27.01.2023
Una de las cámaras se solicitó para Torres de Omaña.

No habrá más cámaras de video vigilancia en el casco histórico por ahora, después de que la Delegación del Gobierno comunicara al Ayuntamiento que deniega el permiso para la instalación de los nuevos cuatro dispositivos solicitados: Dos en la plaza de San Martín, uno de ellos en la esquina del Tizón y otro en el ángulo opuesto, una en la plaza Torres de Omaña y otra más en la calle Ancha, a la altura de la farmacia Merino y orientada para grabar en dirección a Botines. La negativa que la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Castilla y León asienta en que no se cumple con «los principios de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima». Dos preceptos no respetados dado que no se solicitan para «destinarlas prioritariamente a preservar el patrimonio histórico artístico de la ciudad».

El órgano de control resuelve que «la mera comisión de infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana, salvo en supuestos de notable reiteración, no constituyen ‘per se’ un elemento que permita la instalación de videovigilancia con cámaras fijas». La base de la negativa, a pesar de que se reconoce que el Ayuntamiento «aporta una serie de datos justificativos de los riesgos que para la seguridad ciudadana se producen en estas zonas, vinculadas a los accesos al casco histórico».

Un argumento que no consideran suficiente, aunque constatan que «una parte significativa» de las denuncias «se produce en zonas de ocio (pubs, restaurante, etc.) que se sitúan en las zonas sobre las que se pretende la grabación. Espacios en los que incluso, como sucedió este pasado año en la calle Ancha o con anterioridad en San Martín, se han dado casos de muertes violentas. «Estos elementos no aparecen reconocibles como los elementos principales que son objeto de vigilancia y posible grabación», sino tan sólo como «meramente secundarios o justificativos», subraya la Comisión de Garantías en el escrito remitido al Ayuntamiento. El documento en el que abren la puerta a que «la amplia documentación presentada podrá, en su caso, dar lugar a una nueva solicitud o ampliación en la que se justifique materialmente la necesidad y proporcionalidad de una posible restricción de los derechos fundamentales, en atención a riesgo concretos para la seguridad ciudadana o la integridad de las personas que frecuentan estas zonas».

Pese a la denegación de estas cuatro cámaras, que ya fueron rechazadas a finales del 2009, la comisión sí que renueva el permiso anual para el funcionamiento de los 20 dispositivos que hay en funcionamiento en todo el casco histórico desde hace cuatro años, a los que se suman dos más en el cuartel del CHF.

El Gobierno deniega las cuatro nuevas cámaras del casco histórico