El Gobierno prevé alargar los ertes hasta septiembre

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reveló ayer que «con toda seguridad» los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) se van a prorrogar más allá del 31 de mayo, y abogó por seguir con el esquema actual de extenderlos por un periodo de tres o cuatro meses, lo que ampliaría la protección como mínimo hasta septiembre.

Escrivá explicó que alargar los ertes por un periodo de tres o cuatro meses no busca añadir «incertidumbre», sino que este plazo da al Gobierno y los agentes sociales flexibilidad para ir analizando su evolución en función de los «requiebros» de la pandemia y hacer los ajustes precisos.

El ministro recordó que Ejecutivo central, sindicatos y empresarios realizan un seguimiento semanal del estado de los Erte, que están «funcionando muy bien», y señaló que a principios de mayo se sentarán «formalmente» para abrir la negociación sobre su prórroga más allá del día 31.

Escrivá hizo hincapié en que el modelo de los Erte aplicado desde el estallido de la pandemia ha ido oscilando entre la protección a empresas y trabajadores y los incentivos para la reincorporación de los empleados afectados por el ajuste laboral.

En este sentido, subrayó que, a partir de mayo, cuando se vuelva a abrir la negociación para prorrogar esta herramienta, el Gobierno «también pondrá el énfasis» en los incentivos para el retorno al trabajo de los empleados que se encuentren en esta situación.

Ayudas retroactivas

Por otro lado, las ayudas previstas por la Junta para complementar los ertes tendrán carácter retroactivo y se pueden solicitar desde ayer y hasta las 15.00 horas del 18 de mayo, según consta en la convocatoria de ayudas publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La prestación podrá ser solicitada por aquellos trabajadores, incluidos los fijos discontinuos, que hayan visto su contrato suspendido, total o parcialmente, durante un periodo de al menos 45 días entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 septiembre de 2020, «siempre que el centro de trabajo donde presten sus servicios no supere los 250 trabajadores y la base de cotización no exceda de 1.600 euros mes por contrato a tiempo completo».

Los beneficiarios recibirán 7 euros por cada día que hayan estado en esta situación, en caso de contrato de jornada completa, o su parte proporcional si el contrato o la suspensión es a tiempo parcial, con un límite de 630 euros por trabajador, equivalente a 90 jornadas. Según explican desde el departamento que dirige Ana Carlota Amigo, las ayudas se concederán por concurrencia competitiva y se dará prioridad en primer lugar a las solicitudes con menor base de cotización.