martes 15/6/21

El Gobierno reconoce daños en la zona con repercusión social y económica

El propio informe encargado por Adif al Instituto de Estudios de la Tierra, tras las denuncias del trasvase de agua a Asturias planteadas por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, refleja que «tras casi dos años de detalladas investigaciones se podría concluir que algunos tramos de río, determinados manantiales y puntuales áreas con acuíferos subterráneos fueron afectados por las obras ejecutadas con incidencias al régimen hídrico que deben evaluarse en cuanto a sus implicaciones sociales, económicas y ecosistémica». Y a pesar de que el informe insiste en que no constan que se hayan «producido efectos negativos en manantiales que implicaran pérdidas económicas por incidir en la gestión ganadera dominante», recomienda a Adif ejecutar medidas adicionales «relativas a la recuperación ecológica global» del arroyo Alcedo. También habla de la necesidad de poner en marcha un proyecto integral de protección y posible recuperación puntual de las turberas estudiadas, «potenciando las que se encuentran actualmente en mejor estado de conservación y que resarciera o equilibrara de alguna manera el probable daño provocado en las formaciones higroturbosas».

Como factor clave para corregir y restaurar las turberas, el informe señala «la consecución necesaria de condiciones hidrológicas adecuadas» para su estructura y función, con el aumento de la retención de agua. «Elevando el nivel freático, la superficie inundada y el tiempo inundado, pero sin excederse». Además, cree que «estos aspectos son igualmente válidos para mejorar el estado de conservación de algunas turberas que puedan estar afectadas por un funcionamiento hidrológico alterado o deficiente».

En algunos casos —subraya— se pueden realizar actuaciones para recuperar la inundación de determinadas zonas, mediante eliminación o corrección «de los cauces que drenan la turbera o que evitan su inundación, y mediante la colocación de diques o represas que retengan el agua».

El informe reconoce como punto de partida que «en efecto durante la perforación de los túneles se detectan entradas de agua relevantes en la excavación y diversas incidencias hidrogeológicas en superficie. Ante esta circunstancia, se comete una campaña de impermeabilización adicional».

El Gobierno reconoce daños en la zona con repercusión social y económica
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