«El grado de aceptación de los dictámenes del Consejo por las entidades es del 95%»

En sus primeros 20 años de vida el Consejo Consultivo de Castilla y León ha logrado un alto grado de aceptación de sus dictámenes por parte de las administraciones, y refuerza la relación entre las entidades y los ciudadanos con la garantía de los derechos de estos últimos. La próxima semana firma un convenio de colaboración con la Universidad de León.

—¿Cuáles son las principales funciones del Consejo Consultivo y sus características más destacadas?

—El Consejo Consultivo es el órgano jurídico superior de la Comunidad. Es una de las instituciones propias de Castilla y León, cuya función es velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos de la Comunidad principalmente para la garantía de sus derechos. Pero en Castilla y León tiene también atribuidas las funciones de Tribunal Administrativo de Contratación Pública, lo que le dota de una particularidad única entre los consejos consultivos autonómicos de España.

—Este órgano, con sede en Zamora, tiene ya una trayectoria de dos décadas. ¿Cuáles han sido las principales acciones llevadas a cabo?

—Tras su creación hace 20 años, el Consejo es hoy una institución consolidada y austera que ha sabido adaptarse a las necesidades de la Comunidad, asumiendo nuevas competencias, como, a modo de tribunal de primera instancia judicial, la de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública. Consejo y Tribunal han demostrado su utilidad y necesidad en el modelo de Estado descentralizado que diseñó la Constitución en 1978. Desde el inicio, el Consultivo ha emitido más de 16.000 dictámenes, con un grado de aceptación de los mismos de un 95%, por parte de las administraciones que preceptivamente han de consultarnos. Para un órgano consultivo, el grado de aceptación es muy alto. Desde la adscripción del Tribunal se han resuelto más de 1.000 recursos que suman en torno a 9.000 millones de euros en litigio. Bien entendidos estos datos, nuestras resoluciones han podido evitar su conversión en recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia en un porcentaje próximo al 98%. Son datos que evidencian la auctoritas y legitimidad de ejercicio de la institución.

—¿Confían o recurren las entidades locales leonesas de forma habitual a este órgano?

—Por una parte las administraciones, también las locales, están obligadas por ley a someter determinadas decisiones, antes de tomarlas, a consulta ante el Consejo, que ejerce el control de legalidad de las mismas. Por otro, desde hace algunos años el número de consultas de las administraciones locales supera, en alrededor de un 11%, a las de la administración regional. Y sí: la provincia de León es, tras Valladolid y Burgos, de la que proceden buena parte de las solicitudes de dictamen. Concretamente el año pasado se aprobaron 77 dictámenes derivados de consultas de administraciones locales leonesas, la mayor parte referentes a temas de responsabilidad patrimonial relacionados con el ámbito sanitario y con el funcionamiento de los servicios públicos. En cuanto al Tribunal, sucede lo mismo: León es la tercera provincia origen de un buen número de recursos en materia de contratación pública (29).

—¿El Consejo Consultivo de Castilla y León, como el resto de sus homólogos autonómicos, no supone una duplicidad respecto a las funciones realizadas por el Consejo de Estado?

—En absoluto; los consejos consultivos autonómicos ni duplican ni se solapan con el Consejo de Estado. Coincidimos en la función, pero cada uno ejercita competencias distintas en virtud de la distribución competencial del Estado autonómico. En un Estado descentralizado como el nuestro, son órganos indispensables para defender los derechos de los ciudadanos ante el funcionamiento de las administraciones autonómica y local (asuntos no atribuidos al Consejo de Estado), por su conocimiento de la realidad territorial. Contribuyen al desarrollo de la autonomía política en un esquema de clara raíz constitucional. El Consejo Consultivo de Castilla y León es una seña de identidad de nuestra Comunidad: amplía las garantías en favor del ciudadano, extiende el control de los actos de las administraciones y da celeridad y proximidad a su función.

—El Consultivo es una de las instituciones u órganos que ha puesto Vox en el punto de mira. ¿Qué justifica su permanencia?

—El Consejo es una institución prevista en el Estatuto de Autonomía, que lo configura como uno de los órganos esenciales de la Comunidad. El fundamento de su existencia es el propio Estatuto, que es expresión de la voluntad y del pacto autonómico del pueblo castellano y leonés, cuya reforma requiere un amplio consenso. El Consultivo es garantía de constitucionalidad, de legalidad, de buen gobierno y de defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las administraciones de la Comunidad. Además, nuestros dictámenes y resoluciones son manifestación de «justicia próxima, directa y gratuita» en favor del ciudadano. Este ha de saber que muchas de sus reclamaciones contra las administraciones son dictaminadas por el Consejo Consultivo. Cuando una persona ha sufrido un percance de tráfico por el mal estado de la carretera; o cuando por un supuesto funcionamiento indebido de la sanidad se le han provocado daños; o si ha soportado daños ocasionados por una incorrecta prestación de los servicios sociales (por poner algunos ejemplos); al reclamar ante las administraciones, ha de saber que su reclamación es dictaminada por el Consejo. De manera que si no existiera, el ciudadano no gozaría de esta garantía adicional; de hecho, en un importante porcentaje de casos (en torno al 25%) el Consejo se separa del criterio de la administración. Asimismo, cuando el Consejo advierte en sus dictámenes de la posible ilegalidad de un proyecto de norma de la Comunidad, y evita así que recaiga una sentencia de los Tribunales de Justicia contraria a la administración, entonces también se muestra su necesidad para el ciudadano y las administraciones públicas. El Consejo es expresión de justicia rápida y cercana al ciudadano y debemos potenciar su conocimiento.

—Está prevista la firma de un convenio en breve con la Universidad de León. ¿En qué beneficiará a cada institución?

—La próxima semana firmaremos un Acuerdo Marco y un convenio con el objetivo de estrechar vínculos con la Universidad para colaborar en la recíproca transferencia del conocimiento. La Agenda 2030 propicia la creación de alianzas entre instituciones para la generación e intercambio del conocimiento. El Consejo puede ofrecer una plusvalía en la formación y la especialización en las materias relacionadas con nuestras competencias, a la vez que la institución académica puede aportar valiosos conocimientos a la actividad que desarrollamos; y nos puede ayudar con sus informes de asesoramiento especializado a resolver los complejos asuntos (por ejemplo de responsabilidad patrimonial sanitaria) que dictaminamos.

—¿Qué acciones llevarán a cabo?

—El Acuerdo Marco nos va a permitir promover acciones de formación junto a la Universidad de León como cursos y jornadas, el intercambio de conocimiento, la realización de prácticas de grado y posgrado en la institución e incluso la constitución de becas de formación para el estudio e investigación en materias relacionadas con las competencias del Consejo y del Tribunal.

—¿Es importante la transferencia del conocimiento de las universidades, poner en valor las acciones de los profesores y los investigadores?

—El mundo académico más avanzado aprovecha la experiencia de órganos e instituciones que están en contacto directo con la práctica jurídica y que pueden aportar, desde la realidad de los casos y la especialización, perspectivas complementarias a las enseñanzas universitarias. Sabemos de la dificultad de coordinación y encaje en programas y ciclos, pero haremos un esfuerzo común por estrechar vínculos con las instituciones académicas.