domingo 11/4/21

La guerra a los pisos turísticos en León se recrudece: denunciadas ante la Junta más de cincuenta viviendas que funcionaban ilegalmente

Adai constata que la presión y el mayor control ha surtido efecto: de los 500 que tenían controlados a comienzos de año estiman que ahora se han reducido a trescientos
Vista de la Calle Ancha

La 'guerra' a los pisos turísticos ilegales en León se intensifica. Un colectivo de reciente creación, la Asociación de Alojamientos Independientes (Adai) que agrupa a una treintena de asociados entre albergues, pensiones y hoteles, ha pasado a la acción directa y ha denunciado ya ante la Junta de Castilla y León a más de cincuenta pisos de particulares que están funcionando como alojamientos encubiertos. Evidentemente lo hacen con todos los beneficios que ello supone y sin hacer frente a ninguna de las obligaciones que les marcaría la ley si estuviesen reglamentados. "Y vamos a seguir, esto no ha hecho más que empezar", comentó una de las responsables de Adai.

El procedimiento en estos casos es simple: la asociación cursa la denuncia ante la Junta (única entidad con competencias en este ámbito) y el gobierno regional actúa enviando una solicitud a la Policía Local para que acudan a la vivienda a investigar. Los agentes llevan a cabo un atestado y contactan con el propietario para comprobar si tiene o no licencia para funcionar como un piso turístico. Si no la tienen les abren un expediente sancionador que podría acabar en una sanción económica. Las multas oscilan entre los 9.000 y los 90.000 euros, según Adai.

En todo caso, la proliferación de pisos turísticos en León ha bajado en los últimos meses. Y Adai sostiene que una parte importante de este descenso se debe a la presión de su asociación. Si a comienzos de año calculaban que en León funcionaban alrededor de 500 pisos ilegales ahora estiman que esta cifra rondará los trescientos. "Pisos de noventa metros que los alquilaban a cincuenta euros al día", comentan para ilustrar con cifras lo que les supone la competencia desleal de estos establecimientos. Incluso han constatado que del 2017 a 2018 se han tramitado casi 150 licencias para legalizar este tipo de alojamientos. "Creemos que le han visto las orejas al lobo. Y no vamos a parar, estamos preparando otro paquete de denuncias", subrayan.

Adai espera que su particular cruzada anime a otros establecimientos de la ciudad a sumarse a esta plataforma. Los interesados en inscribirse o en solicitar información pueden hacerlo en esta dirección: [email protected]

La proliferación de pisos turísticos ha experimentado un auge enorme en los últimos años. Tanto que el nuevo Gobierno ha decidido también tomar cartas en el asunto. Según la alianza turística Exceltur -el 'lobby' que representa a sus principales empresas-, mientras la oferta de plazas hoteleras crece a un ritmo del 1,5% anual en las grandes ciudades, la de ese tipo de apartamentos se dispara un 188%. Un estudio de la consultora inmobiliaria Savills ofrece otro dato revelador: si en el año 2000 ocho de cada diez propietarios nunca habían alquilado sus viviendas pensando en recibir turistas, hoy dos tercios de los propietarios lo hacen en algunos períodos del año.

Hablamos de un mercado donde empresas y fondos de inversión ganan cada vez más peso relativo sobre los particulares -si a principios del siglo XXI solo un 14% de las segundas viviendas se compraban para alquilarlas, hoy son más del 35%-, y donde plataformas digitales como HomeAway y Airbnb han encontrado un nicho de negocio muy rentable como intermediarios para su arrendamiento. Para los alojamientos reglados, con los hoteles a la cabeza, son una competencia desleal porque no están regulados -ni en criterios sanitarios y limpieza, número de ocupantes o tasas fiscales, por ejemplo-, mientras que ellos sí son sometidos a una normativa que tachan de "excesiva" a la vista de esa desigualdad. Y mientras la demanda de esos pisos turísticos sube a ritmo de dos dígitos, la de apartamentos reglados bajó un 6,6% este verano. El precio también es clave:_a más reglas mayores costes. Problemas de saturación Cierto es que "no se pueden poner puertas al campo", como apunta el presidente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), Carlos Garrido, pero él mismo también reclama que "debe haber una regulación clara para evitar problemas de mala reputación". Y_es que la proliferación de pisos turísticos en el centro de las grandes ciudades, además de en lugares turísticos emblemáticos, ha provocado problemas de saturación y el rechazo de asociaciones vecinales.

En esta tesitura, y ante una normativa muy desigual en toda España -las competencias urbanas son municipales y las turísticas autonómicas-, el Gobierno ha decidido realizar "actuaciones concretas" antes de final de año. Lo primero, cambiar la Ley de Propiedad Horizontal -la reforma irá luego al Parlamento- para que las comunidades de vecinos, por mayoría (de tres quintos) y sin unanimidad, puedan vetar esos pisos. Lo segundo, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para definir con claridad el alquiler de temporada, es decir, el turístico, que sería de un mínimo de siete días y no más de 45 al año. También prevé establecer un registro estatal único de todas las viviendas con ese uso, que Hacienda utilizará para que cumplan sus deberes fiscales.

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