La hostelería exige abrir hasta las 00.00 horas y ayudas por el 75% de facturación

Agarrados a la pancarta de «un año pagando los platos rotos» que han hecho bandera de sus protestas, los hosteleros redoblaron ayer sus protestas frente a la delegación territorial de la Junta para reclamar una desescalada conforme «al modelo establecido en la comunidad de Madrid», que les permita abrir hasta las 00.00 horas, y un plan de ayudas directas «de una cuantía de al menos el 75% de la facturación declarada el año 2019». «Centenares, miles de empresas del sector, se encuentran en riesgo de cierre, en situación de preconcurso o concurso de acreedores o, directamente, ya han cerrado», alertaron desde la asociación provincial en la carta remitida con acuse de recibo al presidente y al vicepresidente de la administración autonómica, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea.

La misiva firmada por el colectivo agrupa a 2.681 bares, 299 cafeterías, 1.205 restaurantes, 384 establecimientos de hospedaje y otros 385 de alojamiento rural que llevan «casi un año con restricciones, cierres y aperturas descontroladas, siendo expropiados de su libertad al trabajo como empresa y con escasas o nulas compensaciones». Ante esta «situación excepcional», el presidente del colectivo, Martín Méndez, reivindicó «un compromiso firme de las administraciones a través de una serie de medidas que puedan mitigar los efectos económicos de la pandemia, permitan la salvaguarda del empleo y frenar el número de establecimientos abocados al cierre por esta crisis».

Convencidos de que «los establecimientos de hostelería, sometidos a una severa actividad reglada, se convierten en los mejores garantes del respeto a las normas», frente a los cierres que hacen que «los ciudadanos opten por la celebración de reuniones de carácter privado», el colectivo insistió en la necesidad de la «apertura de bares, bares especiales, cafeterías, restaurantes, y zonas comunes de alojamientos, siempre que se cumplan las medidas sanitarias y de distanciamiento social aumentado el porcentaje de aforo permitido en periodos de 15 días», más si cabe cuando «no existe evidencia científica ni epidemiológica que los establecimientos a los que representamos sean causantes y propagadores del». La exigencia, armada a partir de la «ampliación del toque de queda al máximo permitido por el estado de alarma vigente, de 00.00 a 06.00 horas», se complemento con la solicitud de que se permita «la movilidad entre las provincias de la comunidad y con el resto de provincias de otras comunidades, que estén en igual nivel de alerta, dentro de los niveles de alerta del denominado semáforo covid».

Las condiciones de la «desescalada» con Madrid como ejemplo las ampliaron con la solicitud de un plan de ayudas directas «ágiles, en forma y pago, puesto que está en riesgo la supervivencia de todas las empresas». Los hosteleros incidieron en que «una empresa que cierra sus puertas no aporta nada al sistema, mientras que una empresa que recibe ayudas directas tiene la oportunidad de estabilizarse, de recuperar su economía, y también puede contribuir a la recuperación económica». Para reforzar su argumento, reseñaron que «el 84% de los ingresos de las comunidades provienen del IRPF, el IVA y los impuestos especiales» que, sólo en León, suponen «551.796.000 euros». Con estos indicadores reclamaron a Mañueco que, en la propuesta de plan nacional que la Junta anunció que dirigiría al Gobierno, recoja todas estas propuestas.