Diario de León

La inacción de Génova lleva al PP a elegir hoy a su líder con un censo en entredicho

La jueza rechaza paralizar cautelarmente la votación y García anuncia que no irá, mientras arma un nuevo recurso

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M. Romero / Á. Caballero
León

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Sin apenas tradición de primarias, el PP de León estrena el sistema con el interrogante de si el líder que salga hoy a saludar en el balcón de la sede del paseo de Salamanca tendrá que asomarse antes del 18 de julio para ver cómo desde Sáenz de Miera llega el notificador de los juzgados con el fallo de la anulación de su nombramiento. Las urnas que se abrirán esta tarde, de las 17.00 a las 21.00 horas, quedan condicionadas por el anuncio de Manuel García de que su candidatura no participará en las votaciones frente a Javier Santiago Vélez, pero mantendrá «las dos vías de actuación abiertas: la de la justicia y la de los órganos internos del partido, confiando en que se paralice o, en su defecto, se anule un proceso claramente viciado». Pero mientras la dirección de Génova continúa de perfil, la esperanza del equipo del alcalde de Villaquilambre pasa por armar el recurso agarrado al cabo de la presunta irregularidad del censo que les tiró ayer la jueza del juzgado de Primera Instancia en el mismo auto en el que les denegó la petición de la paralización cautelar de la convocatoria.

El pronunciamiento de la jueza Silvia Martínez Cantón recalca que «todo apunta a que, a día de hoy (por ayer), día previo a la celebración de la votación, no existe un censo claro, ni público, sobre quiénes han sido llamados y pueden votar, lo cual impediría un control real de la situación de afiliado de los participantes de la votación». Aunque, más allá de esta consideración, la magistrada argumenta su rechazo a la reclamación de paralización cautelar en que «las pruebas aportadas» por la candidatura de Manuel García en su recurso «no reúnen suficiente capacidad probatoria para establecer que, al menos indiciariamente, existen irregularidades en el censo de afiliados que se va a utilizar en la asamblea provincial y que, por tanto, la acción de impugnación del censo tiene una mínima prosperabilidad». La falta de este «sustento documental» se asienta tras desechar «el informe de una agencia de detectives», con declaraciones de tres personas sobre los métodos de afiliación de la candidatura de Javier Santiago Vélez, y una declaración ante notario de una persona a la que le negaron el acceso al censo.

Pese a la resolución, la jueza sí que recoge el argumento que ha seguido la candidatura de García para reclamar que hay más de 400 afiliaciones irregulares: «El censo de afiliados y simpatizantes se corrobora mediante los acuerdos del comité ejecutivo provincial». «Todo aquel que no haya adquirido la condición de afiliado a través de una decisión de dicho comité o que la haya perdido de la misma manera no podrá votar en un congreso de este partido político», reseña la jueza en los fundamentos de derecho del auto, en los que remarca que «el ejercicio del derecho a la elección de representantes del artículo 7 de los estatutos (del PP) se conforma, por tanto, mediante un cruce de datos del estado en que se encontrara el censo provincial en fecha de 12 de noviembre y la tesorería del partido» para conocer «quiénes se encuentran al día» de las cuotas.

El problema para la candidatura de García reside en la negativa del partido a revelar las fechas de afiliación de los inscritos apuntados para votar, que han pasado de apenas 719 en las primarias autonómicas entre Silván y Fernández Mañueco a 2.195 en esta ocasión. La explosión la atribuye el equipo del alcalde de Villaquilambre al número de afiliados online tramitados después del 12 de noviembre. La situación hizo que en la reunión del comité organizador, cuatro de los miembros se abstuvieran, después de que el gerente provincial, José Manuel Miano, no certificara que las afiliaciones de los inscritos han sido aprobadas por el Comité Ejecutivo PSrovincial y se limitara a exponer que sólo verificaba si figuran o no en los censos nacionales. A su vez, tras consultar al gerente autonómico, Borja García Carbajal, se les informó de que había orden de continuar, sin posibilidad de modificar la fecha de las elecciones, «pese a que se estén incumpliendo los plazos reglamentariamente previstos», como se recoge en el acta.

Con esta «cantidad de irregularidades» descritas, la candidatura de García envió ayer una nueva solicitud al comité de derechos y garantías nacional para reclamar la paralización de las votaciones convocadas para esta tarde. «Si continúa el proceso y resultara la votación de alguien que hubiera adquirido la condición de afiliado no avalada por el comité ejecutivo provincial implicaría la nulidad del proceso electoral», advierten.

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