«El Ingreso Mínimo Vital es una buena medida pero la gestión es caótica»

—El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha generado muchas expectativas en la población en este momento de crisis. ¿Qué papel va a tener la Junta en la gestión? ¿Lo cobrarán las personas que tienen la Renta Garantizada?

—Ha generado muchas expectativas y por el momento está generando muchos problemas. La Junta reclamó la gestión en los mismos términos que se les ha dado a otras comunidades. El Ministerio nos ha dicho que por ahora la gestión es suya y que la tramitación la hacen ellos. La Renta Garantizada de Ciudadanía, por ley, es subsidiaria de cualquier otra prestación. No es compatible con otros subsidios como el paro, ni tampoco con el Ingreso Mínimo Vital. La situación actual es que el Ministerio, de oficio, indicó que se le iba a conceder a los beneficiarios de prestación de hijo a cargo. En Castilla y León, los perceptores de la Renta de Ciudadanía con hijo a cargo son 4.300, de los 1.470 han sido beneficiarios de IMV, que se les ha pagado en el mes de junio. Las otras 3.000 familias no sabemos. Y de esos 1.470, hay 452 que con el Ingreso Mínimo Vital cobran menos que con la Renta de Ciudadanía.

—¿Qué diferencia hay?

—Con el IMV, la media es de 332 euros y con la Renta de Ciudadanía, 565. Vamos a modificar la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía de manera que podamos complementar hasta llegar a lo mínimo que cobraban antes. No tiene sentido que una familia, por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital perciba menos de lo que percibía con la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ya era el último recurso. Por otro lado, desde el primer día hemos seguido pagando todas las prestaciones, nóminas de Renta de Ciudadanía que teníamos. Cuando se les reconozca el Ingreso Mínimo Vital a esas personas, como en teoría se les reconoce con carácter retroactivo desde el 1 de junio, tendrán que devolver la parte que han recibido de Renta Garantizada de Ciudadanía, pero mientras nosotros seguimos pagando la Renta Garantizada. Hay problemas de plazos. El procedimiento administrativo indica que hay 10 días para presentar la documentación del Ingreso Mínimo Vital. Para las personas que tienen ahora la Renta Garantizada establecimos un mes. Es un plazo razonable, teniendo en cuenta que el Estado dice que el IMV se resolverá en tres meses. Si se suma ese mes, son cuatro meses. Si la resolución es favorable, deben devolver los cuatro meses. Cuanto más tarde lo soliciten, más tarde serán receptores de ese Ingreso Mínimo Vital y más cantidad tienen que devolver. Es una buena medida, es bueno que exista para toda España, que sea uniforme, pero el problema son las prisas con las que se ha hecho, sin tener cerrados los acuerdos, sin saber cómo se iban a presentar las solicitudes, que son telemáticas cuando muchas familias no disponen de medios. Están yendo a ONGs, a los Ceas, a fundaciones... para que les ayuden y se están colapsando. El INSS está colapsado, los Cais están colapsados. La gestión es un poco caótica. Nosotros vamos a solucionar en primer lugar el problema de las personas que reciben menos renta con el Ingreso Mínimo Vital y con la Renta Garantizada y vamos a seguir pidiendo que nos dejen gestionar el IMV. Sabemos hacerlo. Llevamos diez años gestionando la Renta Garantizada de Ciudadanía de 15.000 familias de media al año. Resolvemos en la mayoría de los casos en menos de tres meses. El Ingreso Mínimo Vital es complejo.

—Entonces, ¿aconseja a una persona que cobre la Renta Garantizada que lo solicite?

—Es que tiene la obligación de solicitarlo. No es que yo aconseje que lo solicite o no, tiene la obligación y lo tiene que solicitar en el plazo de un mes.

—¿Cuándo va a complementar la Junta esa diferencia si hay que modificar la norma?

—En julio estas familias van a seguir percibiendo la Renta Garantizada de Ciudadanía. La Junta trabaja ya en una modificación de la normativa de Renta Garantizada de Ciudadanía, para complementar esas cuantías que no perciben por el Estado, e igualarlas a lo que perciben por la Junta.

—¿Cuántas personas cobran la Renta Garantizada de Ciudadanía en León?

—En León en julio fue de 2.909, 3.185 en junio (1.572.000 euros).

—¿Con qué presupuestos cuentan de fondos no reembolsables y a qué lo van a destinar? ¿Ya han recibido el dinero?

—Para servicios sociales no vienen. Inicialmente había mil millones de euros previstos para servicios sociales y de repente desaparecieron. Del fondo que llegue de Madrid se destinará a servicios sociales, pero no sabemos qué cantidades ni cómo. La Junta de Castilla y León va a poner a disposición de los ayuntamientos 20 millones de euros para destinar a políticas sociales.

—¿ Cuándo llegará ese dinero de Madrid?

—No lo sabemos. Ha llegado un primer anticipo de 349 millones de esos 16.000 esta semana.

—El tercer sector valora la ley para su regulación y reconocimiento de su trabajo, pero critican que no hay dinero ¿Cómo van a financiar programas y actividades de las entidades?

—Acompañando la ley del tercer sector se está haciendo algo que nos demandaban ellas, que era el decreto de concertación social, que saldrá antes porque la ley lleva un trámite más largo. Se trata de garantizarles esa financiación de una manera más estable a través de la concertación social, adaptándonos siempre a la normativa europea y a la ley de contratos del Estado. La normativa europea nos permite, para la prestación de determinados servicios, poner en los pliegos cláusulas que no solamente valoren el tema económico, sino la calidad, la experiencia a la hora de prestarlos o la satisfacción percibida. Las entidades, además, reciben otra financiación de la Administración y hay que desarrollar los patrocinios y mecenazgos que contempla la ley

—¿Cuándo estará la ley de garantía para dependientes?

—Por el Covid no hemos podido ir tramitando los textos. Se ha remitido en estos días un primer borrador a las entidades de discapacidad, sobre todo las más afectadas. Se han mantenido varias conversaciones y la intención es tener el texto antes de que acabe el año. La ley del tercer sector entrará en Cortes antes de final de año y tener también el texto de la otra ley,

—Y la Ley de Identidad Sexual que viene arrastrándose desde la anterior legislatura?

—Lleva el mismo trámite. Está pasando todos los informes y entrará en las Cortes también a finales de año. El problema es que, repito, los plazos de consulta no se pudieron por el Covid pero los dos textos ya están en fase de consulta.

—¿Valdrá la declaración personal para adoptar una identidad?

—No sé cómo está el texto ahora mismo; sé que ha habido aportaciones pero tampoco sabemos las modificaciones que puede ir sufriendo.