El interventor "negoció favores" para De Pedro "a instancias de Barazón"

La Audiencia Nacional rechazó esta semana devolver la fianza de 30.000 euros a Jesús López, interventor de la Diputación, que permanece en libertad provisional imputado por su presunta implicación en la Operación Púnica, acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y malversación de fondos públicos.

La Audiencia, en un auto que firma como ponente el magistrado Juan Francisco Martel Rivero, considera que Suso López actuaba presuntamente como emisario de Marcos Martínez Barazón. «A instancias del presidente (se refiere a Barazón, también imputado en la causa acusado de seis delitos) consta que participó en una reunión con el coacusado Alejandro de Pedro Llorca, en la que indiciariamente se trataron cuestiones relativas al posible favorecimiento del mismo y de empresas controladas por él o en nombre de las que hablaba en diversas actuaciones a desarrollar en la estación de esquí de San Isidro, en detrimento de la libre y legal concurrencia».

Indicios de delito

El auto procede de la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el texto se recalca que existen indicios de posible comisión delictiva «aunque lo niegue la parte recurrente». Reconoce que el interventor «tenía delegadas expresamente las facultades para intervenir en lo referente a la contratación pública referida al ámbito de la estación invernal de San Isidro». A pesar de ello y teniendo «intereses particulares» en las instalaciones, consta que López participó en una reunión con el conseguidor De Pedro Llorca, que también resultó encarcelado en su día por su vinculación a la Operación Púnica, aunque éste permanece en libertad con cargos y a él sí se le ha devuelto la fianza.

Entienden los magistrados que, en lo que se refiere a Suso López, «aparecen también indicios en las actuaciones, que siguen investigándose, acerca de las posibles irregularidades atinentes a la relación contractual mantenida por la Diputación con la empresa Madiva, con diseño de una operativa fraccionada de pagos por presuntos servicios de publicidad concertados sin contrato ni estudio económico de viabilidad que evitaban subrepticiamente el preceptivo paso por la intervención de la institución».

La investigación sigue

Reconoce el auto que no se puede dilucidar con total fiabilidad por el momento si la actuación del imputado es constitutiva de delito o no. «Por lo pronto, las investigaciones continúan y no puede descartarse la participación criminal del apelante. Sus posible responsabilidades penales, todavía de orden indiciario y los supuestos contactos del interesado con personas que pudieran facilitar su sustracción a la acción de los tribunales o la desaparición de fuentes de prueba mantienen expectante el peligro de fuga, poco intenso pero existente».

Para la parte apelante, las actuaciones de Suso López «carecen de visos de criminalidad, toda vez que su condición de propietario de diversos apartamentos en la estación invernal de San Isidro determinó en su día que el presidente de la corporación dictara un decreto específico por el que delegaba expresamente todas las funciones de intervención en cualesquiera expedientes de contratación o actividades relacionadas con dicha estación de esquí. De ahí que nunca informase al presidente de la Diputación sobre aspectos concretos de la contratación, sino sobre si había consignación presupuestaria en lo que quedaba del ejercicio de 2014 para acometer algunas actividades que quería iniciar el presidente y la forma o el procedimiento de ejecución».

Todos rechazados

El juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional decretó la libertad bajo fianza de 30.000 euros para Suso López el 13 de noviembre de 2014. El 18 de noviembre se presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación, que fue desestimado. Las alegaciones del 15 de diciembre de 2014 fueron impugnadas también por el Ministerio Fiscal y el 13 de febrero se acordó remitir las actuaciones testimoniadas a la sala de lo Penal mencionada. El resultado final ha sido el mismo en todos los casos.

No ocurrió lo mismo con Alejandro de Pedro Llorca. Después de ser enviado a prisión en un principio y de que se fijara una fianza de 50.000 euros, fue devuelto a la libertad en Nochebuena. Ahora se encuentra imputado con cargos, a la espera de que se levante el secreto del sumario. El magistrado-juez Eloy Velasco debe decidir hoy si prorroga esta situación de las actuaciones o no.