La investigada por la estafa en Caja España asegura que se limitó a seguir órdenes

La principal sospechosa de la Estafa en Cajas España acaba de asegurar en la Audiencia que ella era “una mera transmisora” de las órdenes de sus superiores, que estaban al tanto del entramado “y que me prometieron que asumirían las responsabilidades si pasaba algo”’.

La acusada ha hecho estas declaraciones en la primera sesión del juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de León con la participación de una veintena de abogados en defensa de los intereses de los 139 perjudicados, por una estafa que alcanza los 6.5 millones de euros.

A preguntas del fiscal y de las varias acusaciones particulares, la acusada ha reconocido que las entregas de dinero a los perjudicados se hicieron a través de ella y que todas las inversiones y el pago de intereses se realizaban siempre en efectivo.

Pero ha insistido en que "fue Caja España quien hizo que todo fuera posible porque todo se hizo y se gestionó dentro de la entidad" y que ella solo cumplía órdenes de sus superiores porque era la secretaria de Dirección.

"Yo he trabajado de secretaria toda la vida, yo no sé cómo funcionan los servicios financieros, para mí no era ningún engaño, yo trabajaba en una entidad totalmente solvente en aquel momento, a mí me daba total seguridad", ha asegurado.

De hecho, ha insistido, ella fue una de las primeras víctimas, por lo que considera "injusta" su acusación cuando ella "no tomaba ninguna decisión".

"Yo no entiendo de mercados financieros ni nada, a mí me dijeron que el dinero provenía de paraísos fiscales, me lo dijo mi jefe", ha explicado.

La principal acusada se cubre el rostro en las puertas de los juzgados tras una comparecencia. JAVIER

Ha añadido que todo comenzó en 2001 cuando, en una reunión con su jefe directo y debido a la relación de amistad que les unía, este le propuso invertir en un fondo "muy reservado" y le dio la posibilidad de que invitara a entrar también a sus familiares y amigos.

"Yo solamente he querido devolver un poco de todo el cariño que mis amigos y familiares me habían dado a lo largo de mi vida", ha dicho en referencia a por qué invito a sus allegados a invertir en esos fondos.

A este respecto, ha señalado que eran unas inversiones "muy reservadas que no se comercializaban al público en general, con una rentabilidad muy alta. Se realizaban todas en efectivo, tanto inversiones como pago de intereses. Eran algo interno y reservado y no había que declararlo en la renta".

Los primeros en acceder a esos fondos fueron la propia acusada, su padre, sus suegros, sus tíos y su cuñado, según ha destacado ante el tribunal.

Ha asegurado que nunca consideró que estuviesen haciendo algo ilegal porque era su propio dinero.

"Yo me puse en contacto con esas personas pero no tomaba ninguna decisión", ha mantenido, al tiempo que ha asegurado que nunca firmó ninguno de los documentos que se entregaban cuando se realizaban los pagos.

"Me los daban confeccionados, firmados y sellados y yo siempre pensé que esos documentos eran una forma de justificar las inversiones que hacíamos porque ese dinero se realizaba en efectivo y no sé quién los firmaba", ha añadido.

Ha reconocido que las entregas de dinero se hicieron a través de ella pero en todo momento sus tres superiores fueron "testigos directos" además de ser quienes "recogían los sobres".

El dinero, ha dicho, provenía de productos no comercializados a la red.

Ha negado que ella fuese la que ideó el plan y también haber recibido dinero de esos fondos, si bien no ha sabido justificar por qué su núcleo familiar tenía unos ingresos superiores a los 140.000 euros anuales cuando su salario era de aproximadamente 2.000 euros al mes.

"Mi marido trabajaba en el colegio de ingenieros y yo recibía varios pagos extraordinarios a lo largo del año. Eso, unido a los intereses que sacábamos del fondo, nos permitía vivir más que holgadamente", ha indicado para justificar sus abultados ingresos.

La acusada ha asegurado que no entiende por qué hay 139 perjudicados reflejados en el procedimiento judicial cuando la mayoría invertía el dinero de varios miembros de su familia a nombre de uno solo y cuando "a la mayor parte de ellos ya se les devolvió el dinero en su totalidad".

"La Caja se ha quedado con el dinero", ha insistido, al tiempo que ha confesado que ella llegó incluso a pedir un préstamo personal para abonar los intereses que la entidad dejó de pagar a los clientes a los que ella había recomendado invertir.

El Ministerio Fiscal pide una pena de casi siete años y medio de cárcel por estafa para la principal acusada, a los que suma dos años y medio más por falsedad en documento mercantil.

Como cómplice figura su marido, supuesto cooperador necesario, para el que se solicita desde la Fiscalía una pena de un año y medio y cinco meses de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.

El matrimonio elevó notablemente su nivel de vida, según la versión del Ministerio Fiscal, y también lo hizo el hijo de ambos, contra el que no se dirige acusación aunque se le considera partícipe a título lucrativo.

Con 23 años y sin actividad laboral ni ingresos propios, el fiscal le atribuye una finca urbana en Onzonilla de 495 metros cuadrados, un vehículo Audi A7, un quad, una motocicleta Honda y una cuenta con ingresos por valor de 115.000 euros entre los años 2004 y 2011.

Tanto el marido como el hijo de la principal acusada han asistido a la primera vista de un juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de León y que se prolongará previsiblemente hasta el próximo 20 de febrero.

De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, la acusada ideó en el año 2002 un sistema para obtener dinero en efectivo de parientes y personas allegadas, a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros que estarían reservadas a altos directivos de Caja España que estuvo en activo hasta 2011.

En virtud de la confianza que le tenían, dice el fiscal, "las personas le entregaban importantes cantidades de dinero en efectivo, producto de sus ahorros, de empréstitos y de otros negocios jurídicos.

Ella disponía del dinero sin suscribir ningún producto financiero a nombre de esas personas, no lo entregaba a Caja España y a cambio recibían documentos que la sospechosa había elaborado o encargado su realización, en los que había estampado distintivos de Caja España (en alguna ocasión llegó a insertar los de otro banco) así como el sello de la entidad, con una firma ilegible", explica el Ministerio Público en su escrito.