Los investigadores del Inbiotec denuncian que la Junta y la Universidad no han hecho nada para salvar al instituto

Los investigadores del Inbiotec denunciaron esta mañana que la falta de apoyo institucional ha condenado al Instituto hacia un proceso de liquidación que se podía haber evitado, según entienden, con el respaldo de las administraciones públicas. Ni la Junta ni el Gobierno se han implicado para salvar este organismo. Tampoco creen que lo haya hecho la Diputación, a pesar de que compremetió en junio 100.000 euros para esquivar el cierre mientras se buscaban otras soluciones pero el dinero no llegó a tiempo por un problema burocrático. La ley no permite que una empresa en concurso de acreedores reciba una subvención. 

"Nuestras instituciones han quedado retratadas. La fotografía se está revelando y está demostrando la nula implicación que han tenido para financiar a la investigación pública como eje de desarrollo de León". Así de contundente se mostró el secretario general de Enseñanza en CC OO, José Antonio Alegre, durante la rueda de prensa que dio junto a los representantes de la plantilla para denunciar las "prisas" que han mostrado las instituciones involucradas a la hora de iniciar el proceso de liquidación y el despido de todos los investigadores. 

Alegre recordó que la Diputación y la Universidad son socios del Inbiotec y, por eso, no entiende como solicitaron el concurso voluntario de acreedores si eso blindaba la llegada de ayudas públicas. "Ahora podemos poner en cuestión ese concurso", dudó el líder sindical, que dejó en el aire una pregunta: " ¿Realmente se quería buscar una solución cuando lo presentaron?". 

También estaban muy decepcionados Alberto Sola y Antonio Rodríguez, trabajadores del instituto. Denunciaron ambos que ni la Junta ni la propia Universidad, que, además es el principal acreedor, han respondido a los numerosos requerimientos que les han lanzado los investigadores para garantizar la viabilidad del Inbiotec, que camina hacia la desaparición por una deuda de algo más de 200.000 euros. Tampoco saben nada del informe que debía publicar CSIC sobre la posible absorción del organismo leonés. Y criticaron que la única solución que se ha puesto encima de la mesa es un ERE para extinguir cuanto antes los contratos de todos los investigadores y, según creen, vender al mejor postor las instalaciones que tiene el Instituto