lunes. 08.08.2022

En la historia de Luciano Cortizo y Miguel Ángel Blanco hay un personaje que liga sus destinos trágicos. Soledad Iparraguirre, Anboto, aparece en la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 2021 como la responsable de ETA que ordenó colocar la bomba lapa y detonarla bajo el vehículo del comandante en la calle Ramón y Cajal de la capital leonesa. Ahora, la etarra, que fue juzgada por primera vez en España por el atentando cometido en León, tras su entrega en 2019 por Francia, se enfrentará a la investigación reactivada por la Audiencia Nacional para intentar demostrar que también fue responsable de la decisión de ejecutar al concejal del PP de Ermua hace 25 años.

Para esclarecer los hechos, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la ha citado a declarar el 21 de julio en calidad de investigada, junto al también exjefes de ETA Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza. El magistrado les imputa junto al también miembro de la cúpula por entonces, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista.

La actuación del juez de la Audiencia Nacional se sustenta en los informes de la Ertzaintza y de la Guardia Civil que señalan a la cúpula de la banda como responsable del asesinato perpetrado el 12 de julio de 1997, al dado que considera que solo pudo salir del máximo órgano de dirección de ETA. Pese que no se trata de los ejecutores materiales, que ya fueron condenados, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, los informes señalan que tuvieron «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba» dicho órgano «con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo».

La etarra tendrá que enfrentarse a esta nueva causa en su contra. Mientras, cumple la condena a 112 años de cárcel impuesta por el asesinato de Luciano Cortizo.

Investigan si Anboto ordenó la ejecución como con Cortizo