La jubilación forzosa deja a más de 300 leoneses sin la pensión íntegra

Fueron forzados a jubilarse a pesar de que no habían cumplido por el aquel entonces los 65, lo que ha provocado que ahora no puedan cobrar íntegra la pensión. Una penalización que en León afectaría a más de 300 personas, principalmente jubilados del sector de la banca y de la compañía Telefónica. A nivel nacional ya se han creado dos asociaciones para defender los derechos de más de medio millar de jubilados a fin de conseguir que el Gobierno reaccione a esta situación y ajuste sus pensiones. Estas jubilaciones forzosas comenzaron a aplicarse a principios de la de década del 2000 y se agravaron con la llegada de la crisis en 2007.

«No pueden cobrar la jubilación íntegra porque firmaron la jubilación anticipada y por cada año que pasa suman una reducción», explica desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas del sindicato UGT Anatolio Díez, quien matiza que hay diferencias entre aquellos que se acogieron voluntariamente y los que fueron forzados: «Hubo gente que sólo tenía dos opciones, o acogerse a la jubilación anticipada o irse a la calle, despedidos».

Desde UGT y desde ambas asociaciones, Asjubi y Confedetel, están pendientes de reuniones con la presidenta del Pacto de Toledo, la exministra Magdalena Valerio, además de la resolución y la presentación de propuestas a las mesas del Congreso y el Senado, incluso con proposiciones no de ley, para desbloquear esta situación provocada por los ajustes de plantilla en las empresas, cuando a los trabajadores de más edad «les obligaban a entrar en el expediente, mediante presiones o cambios de puestos de trabajo cobrando menos que en el paro o destinándolos a otras provincias lejanas de sus domicilios», pone como ejemplo Anatolio Díez.

«No queremos marca la diferencia en la negociación con el Gobierno de los que fueron voluntarios y los que fueron obligados, nuestro planteamiento será para ambos casos, pero entendemos que el Gobierno sí pondrá trabas a los voluntarios, porque ellos sabían a qué se acogían de forma voluntaria», añade Díez, quien insiste en que se trata de una «injusticia». El objetivo de las negociaciones planteadas a nivel nacional es conseguir que se calcule la pensión completa según su base contributiva y los años cotizados, en el momento en el que se produjo la jubilación anticipada y no desde el final del proceso.

Las dos asociaciones tenían previsto reunirse, aunque estos encuentros se han pospuesto, y trabajan ya de forma coordinada para desbloquear esta situación, que como reiteró el Gobierno en una pregunta formal presentada desde el grupo Comprimís, se trata de un modelo que «desde su creación, prevé que el aumento del gasto en pensiones debido a la anticipación de la edad de retiro debe atenuarse mediante la aplicación de coeficientes reductores que, aplicados al importe de la pensión teórica resultante, redujeran el importe final de esta».