Jueces y fiscales protestan contra las cargas de trabajo que diseña el CGPJ

miguel ángel zamora | león

El colectivo de magistrados y jueces por una parte (56 actualmente en toda la provincia) y los miembros del Ministerio Fiscal por otra (16 en la actualidad) consideran que las cargas de trabajo que plantea el Consejo General del Poder Judicial para la provincia de León son «inasumibles» porque obligan a los profesionales de estos tres colectivos a responder a los mismos niveles que en el último ejercicio. «Para estar en esos números, tenemos que trabajar diez horas diarias de lunes a domingo», protestó Mónica Alonso, fiscal de la capital y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

El borrador de módulos de trabajo con el que estos días negocian el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, sustituye a los parámetros actuales, que datan del año 2003. Ambas instituciones contarán con «un instrumento adecuado» para decidir si es necesaria la creación de órganos, incrementar las plazas judiciales, aprobar de medidas de refuerzo o planes de urgencia, y, en su caso, medidas de prevención de riesgos laborales».

Para dibujar esta nueva realidad judicial, se han tenido en cuenta las medidas de refuerzo adoptadas hasta ahora, las situaciones de sobrecarga y las peticiones de creación de plazas realizadas por el CGPJ y por los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras cuestiones. Pero los magistrados y los fiscales recelan de las propuestas.

Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Profesional Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han unido sus fuerzas en las últimas horas para denunciar las condiciones en las que están trabajando en la actualidad.

«Estamos desmoralizados», aseguró la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser, respecto a las reivindicaciones. «Queremos unas cargas de trabajo saludables», manifestó el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de los de León, Fernando Javier Muñiz Tejerina. «Las cargas que se han fijado son extrapolables a todos los terrenos del Estado y son demasiado generalistas. No discriminan ni por territorios ni por especialidades y de ellas depende la creación de nuevos juzgados».

«Tenemos unas cargas de trabajo que son brutales y el expediente digital nos las ha triplicado en el territorio que depende del Ministerio de Justicia», explicó Mónica Alonso. «Los fiscales no tenemos un volumen asignado, tenemos que hacer frente a todo lo que entre. Da igual las horas que hagas y la media de trabajo de un fiscal no baja de diez horas diarias de lunes a domingo».

El módulo de entrada de asuntos que se fija es general si bien en el borrador de acuerdo se matiza que podrá ser complementado con otros criterios coyunturales que afecten de forma puntual a la situación de un juzgado o tribunal, o de realidades socioeconómicas de determinados partidos judiciales.

En relación con la planta judicial se tendrán en cuenta criterios como complejidad de la litigiosidad en función del número de procedimientos de una u otra clase, concentración de zonas urbanas, empresariales o turísticas, adopción de medidas excepcionales en casos de litigios masivos o dotaciones de personal de la Administración de Justicia.

Aunque, el borrador deja claro que superar el módulo de entrada en un órgano judicial «no conllevará de manera automática la obligación de asumir la creación de órganos o unidades judiciales».