Diario de León

| san andrés del rabanedo |

El juez declara nulos los despidos de 17 empleados de las piscinas municipales

El Consistorio sopesa recurrir el fallo, que obliga a readmitir o indemnizar a los trabajadores .

Una de las concentraciones de ex trabajadores de Gexín.

Una de las concentraciones de ex trabajadores de Gexín.

Publicado por
p. infiesta | san andrés
León

Creado:

Actualizado:

El juzgado de lo Social número 2 de León ha condenado al Ayuntamiento de San Andrés a readmitir o indemnizar a 17 ex empleados de las piscinas municipales que trabajaban para la antigua adjudicataria del servicio, la empresa Gexín, al considerar que los despidos fueron «improcedentes». El tribunal da validez al acuerdo suscrito entre la concesionaria y el Ayuntamiento el 2 de octubre de 2013, donde el Consistorio se comprometía a rescatar el servicio de las piscinas y a realizar un estudio para la subrogación de los trabajadores adscritos. La jueza entiende que es «un caso de sucesión empresarial entre la empleadora saliente de la contrata, Gexín, y la Administración que ha rescatado el servicio y está en condiciones materiales de seguirlo». Alude a la cláusula 36 de los pliegos, que dispone que los «trabajadores que la adjudicataria destine a actuaciones propias y exclusivas de los servicios objeto de la concesión, podrán adquirir el derecho a que en su contrato laboral se subrogue el nuevo gestor del servicio». La sentencia también señala que concurren los requisitos para la subrogación prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y resta importancia a que el acuerdo de aquel 2 de octubre no fuera refrendado por el Pleno.

El alcalde, Gregorio Chamorro, reconoció ayer su «consternación», porque el PAL diera a conocer una sentencia «que aún no nos ha sido notificada», de ahí que carezca de valoración del fallo. Recordó que el PP no despidió «a nadie, fue Gexín», y que la Inspección de Trabajo, cuando el equipo de gobierno le solicitó dar de alta a la plantilla de esa empresa, manifestó «la imposibilidad de tramitar el alta de oficio en la Seguridad Social por haber causado baja todos ellos el 31 de diciembre de 2013, a través de una decisión unilateral de la empresa de extinguir los contratos y al no existir reanudación de la actividad». Chamorro insistió en que el rescate ahorra 300.000 euros al año.

tracking