sábado 07.12.2019
OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El juez Velasco interroga hoy a cuatro trabajadores de la institución provincial

El juez Eloy Velasco escuchará hoy los testimonios del coordinador del equipo de gobierno, alcalde de Puebla de Lillo y ex diputado de Turismo, Pedro Vicente Sánchez, y los de otros tres trabajadores de la Diputación relacionados con la investigación que realiza en el marco de la operación Púnica.

La cita para los cuatro es a las 10.00 horas en la Audiencia Nacional. El magistrado requerirá a los testigos información sobre acontecimientos y contratos relacionados con la trama en la institución provincial. Junto con Sánchez, acudirán hoy a Madrid el jefe del Servicio de Turismo, Ovidio Altable, el viceinterventor, Diego Armesto, y la funcionaria del área de Intervención Ana Ampudia.

Una vez finalizadas sus declaraciones, el juez Velasco decidirá sobre su situación procesal en este caso. Los testimonios de estas cuatro personas se suman, en la conexión leonesa de la operación Púnica, a las ya realizadas ante el mismo magistrado por el ex presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, y el interventor Jesús López. El primero fue enviado a prisión sin posibilidad de fianza, mientras que el segundo llegó a la Audiencia Nacional como testigo y la abandonó el jueves pasado como imputado, además, tuvo que hacer frente a una fianza de 30.000 euros para eludir la cárcel.

Precisamente ayer, el nuevo responsable del Palacio de los Guzmanes, Emilio Orejas, comentó que está ya en manos de la Junta el requerimiento por parte de la Diputación para que abra expediente y aplique la sanción correspondiente al interventor imputado para apartarlo de forma efectiva de su puesto.

La investigación no descarta nuevos llamamientos de cargos y funcionarios de la institución para prestar declaración ante el juez Velasco, ni tampoco la solicitud de más documentación, expedientes y contratos relacionados con los hechos investigados en la trama leonesa de la operación Púnica.

Hace unos días, la Audiencia Nacional pidió toda la documentación que tuviera la Diputación relacionada con la empresa Madiva Editorial y Publicidad SL, una de las sociedades ligadas a uno de los denominados ‘conseguidores’ de la trama, Alejandro de Pedro.

La institución remitió prácticamente una treintena de pagos efectuados a esta mercantil por la inserción en medios digitales de ‘banners’ promocionales de la Diputación por valor de 105.000 euros, desde la primavera de 2012 hasta octubre de este mismo año.

El juez Velasco interroga hoy a cuatro trabajadores de la institución provincial