Diario de León

La jueza levanta la imputación a los consejeros por los créditos de la Caja

Las tomas de declaración se aplazan por falta de tiempo para preparar el caso

Miguel Ángel Álvarez, a la espera de su turno de declaraciones, en una foto tomada desde el exterior de los juzgados

Miguel Ángel Álvarez, a la espera de su turno de declaraciones, en una foto tomada desde el exterior de los juzgados

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La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León, Rocío González Boñar, levantó ayer la imputación de todos los consejeros de Caja España que estaban citados a declarar por formar parte del Consejo de Administración de la entidad que aprobó en 2009 la refinanciación de la deuda que tenía su expresidente, Santos Llamas. La decisión se produce al suspenderse sus comparecencias debido a los «defectos formales» que se han detectado en el proceso, lo que no cierra el caso en los tribunales, según informa la agencia Ical.

Ayer estaban citados a declarar en los juzgados de la capital leonesa Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez y Bernardo Fernández, Francisco Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro y Marcos García González, mientras que para el próximo viernes estaban llamados Javier García Prieto, Zenon Jiménez Ridruejo, Fernando Martínez Maillo, Alejandro Menéndez, María Begoña Núñez, Olga Palacio y José Antonio Turrado.

Fuentes cercanas al caso explicaron a Ical que todos los consejeros ya no se encuentran imputados debido a que esta condición se había aplicado para que prestaran declaración. El motivo se debe a que el abogado que representaba a Caja España en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad desde 2003. Por ello, la jueza ha decidido anular todas las actuaciones del letrado por lo que la actuación judicial se retrotrae a la declaración de los peritos del Banco de España.

Asimismo, otra cuestión ha pesado en la decisión adoptada por la jueza como es que la grabación, presentada como prueba, presenta deficiencias técnicas por lo que no puede considerarse como válida. Por tanto, todo ello impide que los exconsejeros comiencen a prestar declaración, si bien no se da por cerrado el caso judicial, que comenzó con la denuncia presentada en 2011 por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, que pone en duda la legalidad de operaciones de crédito a Llamas por importe de unos 70 millones. Tras esta suspensión, no se prevé que la causa pueda reanudarse antes del próximo mes de octubre, ya que la agenda del juzgado que lleva el caso está «completa» hasta esas fechas y «sería imposible hacerlo antes», según explicó el abogado de la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, Luis Oviedo, quien insistió en que la causa «es muy grande y tiene muchos folios» y algunas de las citaciones llegaron a los ahora desimputados hace apenas unos días.

Oviedo explicó a la salida de la sesión lo ocurrido: «Antes del inicio de las primeras declaraciones, todas las defensas en conjunto han planteado la existencia de un problema de tiempo. Algunos de ellos ciertamente no han podido acometerlo y ello les producía una cierta indefensión y las acusaciones lo que hemos hecho es plantearnos la posibilidad de evitar procedimientos de nulidad de actuaciones por indefensión de los imputados y en función de ello se ha suspendido tanto la declaración prevista para esta mañana (por ayer) como las del próximo día 29». La suspensión no tiene fecha fijada para la reanudación: «Los cálculos que se hacían en el juzgado meramente a título orientativo calculan que antes del mes de octubre va a ser imposible llevar a cabo la toma de las declaraciones».

Preguntado por los periodistas si podía tratarse de una táctica dilatoria de los imputados, Oviedo contestó: «Las defensas tienen derecho a emplear todas las tácticas que quieran. Yo sinceramente pienso que en algunos de los casos está justificado. A alguna de las defensas les llegó el escrito el día 16 de mayo y se trata de una causa muy grande y con muchos folios. Un asunto de estas características es delicado».

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