miércoles 18/5/22

En los dos Juzgados de lo Penal de León se ha venido advirtiendo un notable incremento en el registro de asuntos ya desde el año 2019, tendencia que, «si bien se suavizó en el año 2020 debido a la incidencia de la crisis sanitaria, durante el año 2021 se ha confirmado con el registro de 1.237 asuntos, cifra que duplica el volumen de asuntos del ejercicio precedente para reflejar un exceso del módulo en más de un 54%».

Por ello se estima necesario la adopción de medidas de refuerzo a través de comisión de servicio sin relevación de funciones, «que ya fueron solicitadas en el mes de septiembre pero a las que no ha accedido el Ministerio de Justicia, de modo que la constatación del progresivo incremento del volumen de entrada de ambos órganos exige insistir en la propuesta, así como la vigilancia de la evolución del ritmo de ingreso para, en su caso, valorar la conveniencia de la creación de un tercer juzgado de lo Penal».

Arraiza llama la atención también sobre la necesidad de afrontar obras en la estructura de los juzgados de Sáenz de Miera. «Dada la situación creada y la coexistencia de dos conceptos de arquitectura judicial diferentes dentro del mismo edificio, el más antiguo configurado en estancias propias de los antiguos juzgados y la parte nueva adaptada al diseño de la Oficina Judicial, se hace necesario afrontar una intervención en la edificación más antigua para obtener un mejor aprovechamiento de espacios y adaptarlo a este nuevo diseño, para evitar, como acontece ahora, que existan espacios de 40 o 50 metros cuadrados en los que se ubican únicamente dos funcionarios y sin embargo haya otras dependencias en las que con una menor superficie convivan diariamente un número de personas muy superior», explica el decano.

Del Ser hace constar una deficiencia en el expediente digital: «Falta una conexión clara de los trámites de las distintas instancias. Sigue pendiente la necesidad de establecer un cauce que conecte la información y permita coordinar el trabajo de todos los tribunales, en beneficio de la unificación de criterios y de la seguridad jurídica».

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