La Junta se da un año y medio para definir su nueva estrategia logística

Castilla y León empieza a definir la estrategia logística que priorizará en los próximos ocho años. El Consejo de Gobierno aprobaba ayer un gasto de 220.000 euros para la contratación de los servicios para la redacción de la denominada Estrategia Logística de Castilla y León 2020-2028, así como el asesoramiento y asistencia para su puesta en funcionamiento. Las líneas que deberá incluir este documento, cuya redacción ya está en fase de licitación, incluyen la organización del sector, el impulso y mejora de infraestructuras y las políticas dirigidas a la mejora y eficiencia del sector del transporte y la logística y establecer programas, proyectos y acciones concretas presupuestadas, priorizadas y calendarizadas y con asignación de áreas responsables a lo largo del escenario planteado.

Momento adecuado

La elaboración de la Estrategia Logística de Castilla y León se produce en un momento necesario y transcendental, ya que «es necesario preparar el terreno» para los cambios que van a producirse en la normativa de la Unión Europea entre 2021 y 2027, en particular los reglamentos que regulan las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, el mecanismo Conectar Europa y los corredores ferroviarios de mercancías. Esencial también porque el futuro de León pasa por no perder este tren cuando tiene pendiente Torneros, el gran proyecto logístico e intermodal de sus características en el arco noroeste.

Estas orientaciones serán relevantes para que la definitiva ampliación del Corredor Atlántico —es uno de los nueve corredores prioritarios europeos incluidos en la Red Básica TEN-T— contemple todas las reivindicaciones de Castilla y León que surjan de su estrategia logística.

Plan director atlántico

Además, esta planificación ha de convertirse en una herramienta esencial de participación de Castilla y León en la definición del Plan Director del Corredor Atlántico de Mercancías que está elaborando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, herramienta que permitirá a la comunidad autónoma «aportar una visión integral, el reflejo del conocimiento de sus territorios e incluir todo el trabajo técnico ya realizado en la materia», señala la Junta en un comunicado.

La prestación de este proyecto se desarrolla en una fase inicial de análisis, diagnóstico y actualización de datos, que dará lugar a la formulación de la estrategia logística, complementada con otra fase de implantación inicial de la misma, que garantizará la eficiencia futura en el desarrollo de la estrategia, la coordinación de los distintos actores públicos y privados implicados en su desarrollo, y se establecerán las bases de una gobernanza por parte de la Junta de Castilla y León que permita abordar de manera solvente las siguientes actuaciones de implantación del plan.

Los objetivos específicos del contrato son, por un lado, formular una estrategia logística para la Junta de Castilla y León en el ámbito de su territorio.

También establecer una planificación adecuada en materia de infraestructuras y servicios para impulsar el desarrollo del transporte intermodal y eficiente de mercancías (ferroviario y de conexión con los puertos del entorno), en el contexto de Castilla y León. Asimismo prevé crear programas, proyectos y acciones concretas para implantar esta estrategia logística, y colaborar con el modelo de gobernanza seleccionado para la implantación de la Estrategia Logística.

Con licitaciones en marcha

El importe de la licitación del contrato asciende a esos 220.000 euros y el plazo de presentación de ofertas terminó el pasado 7 de agosto. El contrato tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Quiere decir que antes de un año y medio no se habrán concretado las necesidades logísticas de la Comunidad y, por tanto, proyectos que ya están en marcha —Torneros ya tiene en licitación su proyecto— tendrán que entrar en esta estrategia con una visión más futura que actual.

El documento, según subraya la Junta tras la convocatoria del Consejo de Gobierno, servirá también para apoyar los proyectos y actuaciones —maduros y consensuados— que surjan de la propia estrategia, de interés común en el sector de las infraestructuras del transporte, para posibilitar la obtención de las ayudas financieras de la Unión Europea para las redes transeuropeas del transporte.