Cruce de reproches entre las instituciones por abandonar el Inbiotec sin un plan eficaz

El Instituto de Biotecnología de León tiene quince días más de vida después de que trabajadores y empresa acordaran ayer, con el administrador concursal, la prórroga del periodo de consultas para negociar el ERE. La implicación de la Junta, en el último momento, ha dado algo de esperanza al grupo de trabajadores de este centro, aunque todavía no hay ninguna propuesta concreta encima de la mesa, más allá de una declaración de buenas intenciones, como enumeró ayer la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, nada más salir de la reunión que mantuvo con la plantilla y representantes sindicales.

«Les hemos pedido quince días más para que nos dé tiempo a todas las administraciones a encontrar una solución. Es muy importante que se mantenga el empleo y la proyección de futuro de este centro», aseguró la titular del área en el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió a hablar con todas las partes involucradas en este conflicto y señaló, sobre todo, a la Diputación y a la Universidad, que forman parte de la sociedad que gestiona el instituto y a las que pidió su respaldo.

«Tienen que poner todo de su parte», trasladó la consejera que, según dijo, se vio obligada a «tomar las riendas» de esta situación tras ver que ninguna de las dos instituciones con más responsabilidad eran capaces de desencallar este asunto. Ayer mismo representantes de las consejerías de Empleo y Economía tuvieron un encuentro con responsables de la Administración asentada en el Palacio de los Guzmanes para ver qué opciones hay y cuál es la implicación de cada uno de los actores públicos. La Diputación, que confirmó esta reunión, no reveló su contenido.

La consejera apuntó antes que el objetivo de este frente común, liderado de momento por la Junta, es solucionar de forma definitiva los problemas económicos del Inbiotec. «No queremos poner un parche», matizó.

Reconoció que se parte de una «situación complicada», no solo por encontrarse en quiebra, y con un procedimiento judicial abierto, sino por la forma jurídica que envuelve a este organismo. «El resto de centros de este tipo que hay en la comunidad son fundaciones sin ánimo de lucro. En este caso es una asociación, lo que también le perjudica», lamentó la consejera, que, al igual que los trabajadores, cree necesario ese cambio. «Los que tienen viabilidad son fundaciones», justificó Ana Carlota Amigo, quien asume que en los próximos días tendrán que trabajar en «muchos frentes» para garantizar la supervivencia del Inbiotec, que pasa, sobre todo, por el mantenimiento del empleo y por la llegada de proyectos que permitan al centro ser autosuficiente, con el respaldo público de las administraciones, pero de todas, según la postura que ayer defendió la Junta.

En este sentido, la consejera recordó la propuesta que en su día se hizo al Gobierno para que del mismo modo formara parte de la solución con la adhesión al Csic del centro leonés, «pero la plantilla no ha obtenido una respuesta», reprochó.

En lo que compete a la Junta, dijo que ayudarán a «profesionalizar» el instituto que —señaló— «cuenta con muy buenos investigadores pero falta la gestión comercial de lo que debe ser una empresa viable». Igualmente, reveló que buscarán la implicación del sector privado para que alguna compañía forme parte del entramado societario y se eviten los problemas de liquidez cuando haya cualquier tipo de imprevisto, como ha sido la pandemia, que paralizó durante prácticamente un año los proyectos en marcha.

Además, añadió Ana Carlota Amigo, la Junta impulsará una nueva línea de ayudas para «cubrir los costes laborales» de los investigadores de los diez centros tecnológicos que hay en la comunidad. «Eso permitirá mantener el empleo y crear más puestos de trabajo», aclaró la consejera, que confía en resolver este conflicto en «los próximos días».