La Junta está a la espera del informe jurídico para implantar el pasaporte covid en albergues

El Gobierno de Castilla y León está a la espera del informe jurídico sobre el pasaporte Covid en hospitales y albergues, que serían los primeros lugares donde la Junta lo impondría en caso de adoptarlo. Eso sí, la estrategia principal que defiende el Ejecutivo regional es la vacunación por encima de las restricciones.

El documento certifica la vacunación o recuperación de la enfermedad y será necesario en gran parte del país durante el próximo puente de diciembre y posiblemente durante las fiestas navideñas para entrar a locales de restauración, bares y espectáculos con un aforo que ronde el medio centenar de personas (los detalles varían según la comunidad), además de para hospitales y residencias.

La comunidad se encuentra en una situación similar a Andalucía, Asturias, Canarias y Cantabria que, como en el caso del Ejecutivo autonómico, estudian implantarlo en sus territorios y, de hecho, algunos de ellos están a la espera de la decisión que dictaminen sus tribunales superiores de Justicia como Castilla y León. Por otra parte, Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana son las ocho autonomías que han conseguido ya el aval de la Justicia —en el caso de Euskadi ha sido el Tribunal Supremo el que ha dado luz verde— para implantar el certificado covid a la hora de acceder a determinados espacios. El primero en contar con el visto bueno para su aplicación fue la Comunitat Valenciana, donde es necesario el pasaporte covid para acceder a locales de hostelería, restauración y ocio, así como a eventos, y también para visitar a pacientes e internos en hospitales y residencias. La medida se extenderá también a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El Gobierno ya había anunciado su intención de apoyar a las comunidades autónomas que quieren utilizar el certificado digital covid-19, aunque dependa de la Justicia.