La Junta ofrece la posibilidad de que los niños acudan al colegio durante los días de Carnaval
La Junta de Castilla y León ya ha abierto el plazo para presentar la solicitud en el programa Conciliamos en Carnaval, que concluirá el 10 de febrero. Además, el recurso que un año más ofrece la Junta de Castilla y León para el desarrollo lúdico de los niños de entre 3 y 12 años en los periodos en que se suspende la actividad escolar para facilitar a los padres, tutores y acogedores conciliar su vida personal, familiar y laboral se realizará durante las vacaciones de Semana Santa, verano y Navidad. La novedad de este año es que la oferta se amplía a los municipios de la Comunidad de entre 3.000 y 5.000 habitantes cuyos ayuntamientos deseen colaborar en su ejecución y con quienes se firme el oportuno convenio.
Esto supone que en 2020 se podrá ofertar a 95 municipios y 102 centros (más del doble que el año anterior), mientras que en el contrato anterior el programa se extendía a un máximo de 40 municipios y 50 centros. Además, para las localidades del medio rural se reduce el número mínimo de asistentes requerido para que ‘Conciliamos’ se desarrolle en una instalación, pasando de 15 niños a ocho.
Este programa, que se lleva a cabo en colaboración con las entidades locales, permite que los escolares que lo soliciten puedan llevar a cabo actividades plásticas, artísticas, deportivas, juegos, en relación con la naturaleza y la educación ambiental, la promoción, conocimiento y sensibilización de los derechos de la infancia, la animación a la lectura y el fomento de la igualdad de oportunidades. Comprenderá los días laborables no lectivos de lunes a viernes de dichas vacaciones escolares, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la autoridad educativa. No obstante se extiende también a la anualidad 2022.
Conciliamos se dirige a niños cuyos padres o representantes legales se encuentren en alguna de estas situaciones que dificulten la atención de sus hijos: que desarrollen una actividad profesional, realicen actividades formativas oficiales para la inserción socio-laboral, presenten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o deban atender a familiares con al menos dicho grado de discapacidad, entre otras cuestiones.