Prestaciones
La Junta suplementa el IMV para que no sea inferior a la renta garantizada
Los beneficiarios que ingresan igual o más con la prestación estatal perderán la autonómica
La Junta modificará la regulación de su Renta Garantizada de Ciudadanía para que sus perceptores no cobren menos ingresos al percibir un Ingreso Mínimo Vital (IMV) inferior, lo que le sucede a 452 familias que reciben 332 euros del Estado, 233 menos que los 565 del ingreso básico autonómico. El acuerdo se anunció ayer tras la mesa de trabajo que presidió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, con la participación del Diálogo Social que integran sindicatos y patronal, según trasladaron desde la consejería.
En un primer momento, la renta garantizada de ciudadanía se concedía de oficio a los beneficiarios de la prestación con hijo a cargo, unas 4.300 familias en la comunidad. Dentro de este grupo tan sólo 1.470 de ellas, de las cuales 844 se asientan en León, han recibido el IMV del Gobierno, el 34%, y 452 de las totales con una prestación inferior a la autonómica. De acuerdo a las mismas fuentes, esas familias están recibiendo en este momento de media 332 euros del Ejecutivo central, mientras que con la Renta de la Junta cobraban 565 euros. Se pretende que mantengan al menos la misma cuantía económica que recibían de la Junta para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas.
En la mesa se acordó además que la Junta abonará la renta autonómica hasta que los perceptores reciban el IMV aprobado por el Gobierno. Esta situación también requerirá algún cambio normativo, ya que la renta garantizada es subsidiaria de la nacional y se debe conceder una vez resuelto el IMV, explicaron.
Por otra parte las familias que han percibido el Ingreso Mínimo Vital, por cuantía igual o superior a la Renta, «empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación autonómica es subsidiaria y constituye por lo tanto la última red de protección respecto a cualquier prestación», trasladaron desde la Junta. El resto de perceptores que recibían la Renta Garantizada de Ciudadanía «la ingresarán que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital».
La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo implantado hace diez años en la comunidad y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado de media 15.000 familias cada año y para la que la Junta destina alrededor de 60 millones de euros al año, recordaron desde la administración autonómica.
En la mesa de ayer, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destacó lo «necesario que es vincular el Ingreso Mínimo Vital a la inserción laboral de los perceptores, como ocurre con la renta Garantizada de Ciudadanía que alcanza una cuota en ese sentido del 25%, ya que el objetivo final es que estas familias superen su complicada situación a través de un empleo digno». En septiembre habrá un nuevo encuentro para valorar la evolución del plan.