La Junta ya trasladó a la ciudad el Eren y el Procurador del Común
La descentralización, un principio que ha dado forma a la realidad política y social de la España democrática, tiene también su desarrollo dentro de las propias comunidades autónomas, donde en ocasiones ha sido y es objeto de debate, no siempre pacífico.
Ahora que vuelve a cobrar fuerza la idea de profundizar en la descentralización del Estado mediante el traslado de organismos públicos fuera de la capital, hay quien mira también en el interior de las autonomías para ver si predican con el ejemplo.
La construcción del Estado autonómico a partir de la Constitución de 1978 generó, por un lado, estructuras centralizadas con escasos organismos lejos de sus capitales, aunque también administraciones descentralizadas que permitieron atender particularidades internas concretas. Castilla y León es un buen ejemplo. Su Estatuto de Autonomía no establece capital al unir dos regiones que nada tenían que ver. El Parlamento, la Junta y el Consejo Económico y Social están ubicados en Valladolid, mientras que a León trajeron el Procurador del Común (defensor del pueblo) y el Ente Regional de la Energía, que tienen un impacto casi imperceptible en la economía de la provincia. El Consejo de Cuentas lo llevaron a Palencia, el Consultivo, a Zamora, y el Tribunal Superior de Justicia tiene su sede en Burgos.
No obstante, el leonesismo lleva tiempo reclamando esa descentralización de fundaciones e instituciones para equilibrar los territorios. El PSOE ha propuesto, de cara a su próximo Congreso, que la apertura del curso político en las Cortes se traslade a la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León, considerada la cuna del parlamentarismo en Europa (1188). En este sentido, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, fue un paso más allá y pidió al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco que traslade el parlamento autonómico de manera definitiva a León. No ha recibido una respuesta.
De todas formas, estos movimientos tienen más que ver con lo simbólico que con la realidad económica de las zonas más deprimidas de Castilla y León, que no resolverían sus problemas estructurales con una sede pública que no conlleva inversiones privadas, aunque sí sería más justo el reparto, sobre todo en una comunidad sin capital administrativa, al menos en la teoría.