Diario de León

Las juntas vecinales alertan de que el Gobierno «robará» el 55% del terreno

Protesta en Botines por el anteproyecto de ley que elimina la gestión de las pedanías.

El periodista de Diario de León Marco Romero lee el manifiesto en Botines.

El periodista de Diario de León Marco Romero lee el manifiesto en Botines.

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carmen Tapia | león
León

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«El Gobierno quiere robar el 55% de los bienes comunales de la provincia». Así de tajante se mostró ayer el portavoz del Frente de Defensa de las juntas vecinales de León, Elías Álvarez, que participó por la mañana en una concentración en Botines en defensa de las pedanías de León. Alrededor de 200 personas apoyaron con su presencia la protesta para rechazar el anteproyecto de ley que está en trámite y que supondrá «con matices», la desaparición de las juntas vecinales, «un sistema implantado entre los siglos IX y XI que ha sufrido una evolución sin perder ni un ápice de efectividad», según el comunicado consensuado leído por el periodista del Diario de León, Marco Romero.

El portavoz del frene acusó en varias ocasiones al Gobierno de «querer robar los bienes comunales de cada junta, que no son públicos sino que son propios de los pueblos». Álvarez asegura que la medida que pretende aprobar el Gobierno no supone ningún ahorro «pero quieren conseguir unos bienes para luego privatizarlos y hacer lo que quieran con ellos».

La concentración contó con el respaldo de Izquierda Unida y la UPL, con la presencia de Santiago Ordoñez y Javier Chamorro. El secretario general de la UPL, Javier Chamorro, defendió las juntas vecinales, como «nuestra identidad como pueblo dentro del conjunto de España» e instó a los partidos políticos a unirse en su defensa.

Además de las concentraciones en protesta por la iniciativa del Gobierno, que ha exigido a las juntas vecinales que presenten sus cuentas en un plazo de tres meses para evaluar su posible continuidad, el frente ha enviado «una alegato» a la presidenta de la Diputación «para que defienda a las juntas vecinales» y exige a la Junta de Castilla y León que «defienda lo que pone el Estatuto de autonomía, que tiene la obligación de cuidar las juntas vecinales», con dos pilares de actuación «el primero la propiedad, los usos y el aprovechamiento de lo común».

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