El Jurado declara culpable por unanimidad al acusado del crimen de La Sal

El jurado popular responsable del veredicto correspondiente al juicio por el crimen del barrio de La Sal acaba de considerar culpable por unanimidad al sospechoso, en una decisión demoledora que da por probados todos los hechos que perjudicaban la versión del incriminado y que tampoco acepta la teoría de que estaba afectado por el consumo de drogas en el momento de los hechos.

El ministerio fiscal ha solicitado una pena de 27 años y medio de prisión, y ha añadido también la condición de que se le expulsa del país cuando acceda al tercer grado. 

La acusación particular, que encarna la defensa de los intereses de la familia del fallecido, ha solicitado que el condenado no sea beneficiario de ningún permiso antes de cumplir como mínimo 14 años de condena.

Por su parte, la letrada defensora ya ha anunciado que recurrirá la sentencia condenatoria derivada del veredicto de culpabilidad, que acaba de ser leído en la Audiencia Provincial de León al filo de las 22.00 horas.

El jurado lo considera culpable de matar a un jubilado de 62 años de una puñalada en el verano de 2017, cuando la víctima se encontraba paseando por las inmediaciones de su vivienda en el barrio de La Sal. Los hechos se remontan a la noche del 19 de agosto de hace cuatro años, cuando el hombre estaba a punto de llegar a su casa y fue asaltado por un individuo que le exigió que le entregaste todas sus pertenencias bajo la amenaza de matarlo.

Cuando la víctima accedió a sus pretensiones y le entregó su bolso, de forma sorpresiva, le propinó una puñalada en el corazón, que acabó con su vida prácticamente en el acto.

El fondo del juicio radicaba en saber si la autoría de la puñalada correspondía o no al acusado, que negó haber sido el autor de los hechos. 

Para la fiscal, el hecho de que la viuda reconociera al investigado "sin ningún género de dudas" constituyó la prueba más fehaciente, junto con la aparición de dos teléfonos (el de la víctima y su mujer) en poder del investigado en el momento de su detención. También consideró un indicio sólido el hecho de que apareciera el teléfono móvil del sospechoso cerca de la zona de los hechos. Una vecina aseguró que el autor de la puñalada lo perdió cuando huía.

Por su parte, la versión de la defensa del imputado aseguraba que los teléfonos de las víctimas estaban en su poder porque se los habían vendido dos gitanos y desconocían el motivo de que su móvil apareciera junto a la escena del crimen, puesto que le había sido robado un mes antes.

La fiscal solicitaba en su escrito de calificaciones definitivas una pena de 27 años y medio de prisión, por asesinato y robo con violencia. La defensa exigió la libre absolución.