Diario de León

Tribunales

El juzgado de la Operación Púnica tendrá dos jueces de apoyo para celebrar antes el juicio

La pieza leonesa espera el final de la instrucción después de seis años de las primeras detenciones

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M. Á. Z.
León

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El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tendrá un segundo magistrado, este de apoyo, por la sobrecarga de trabajo que está afrontando en macrocausas de las que es competente, como las del «caso Villarejo», subdividido en 12 piezas separadas, «caso Púnica» o «caso Lezo».

El elegido por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tal fin es Joaquín Elías Gadea Francés, hasta la fecha juez de Adscripción Territorial (jAT) destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La decisión se adopta a la vista de los retrasos que se acumulan ya en la instrucción de la pieza leonesa de la Operación Púnica, que cumplirá este otoño seis años desde las detenciones de octubre de 2014, sin que de momento se conozca la fecha de la celebración de juicio oral en la Audiencia Nacional. El primer magistrado que instruyó la causa fue Eloy Velasco, ahora fuera del juzgado.

García Castellón ya contaba con el refuerzo de Alejandro Abascal, quien ejerce esa función desde enero de 2019. La misma Comisión Permanente le ha renovado por otro periodo de seis meses. El mismo periodo que ejercerá Gadea, si bien, a diferencia de Abascal, no tendrá funciones jurisdiccionales.

Además de las mencionadas, García Castellón dirige asimismo la investigación de otras causas complejas, como la que se sigue por terrorismo contra un grupo de integrantes de los Comités en Defensa de la República (CDR), la quiebra de Zed, el caso Aquamed, el fraude del llamado ‘Madoff catalán’, la instrucción sobre la querella contra los consejeros delegados del grupo Día previos a la entrada del grupo LetterOne.

El Ministerio Fiscal solicita penas que suman ocho años de prisión para Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación Provincial y siete años para Manuel Jesús López, anterior interventor y Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo. Alejandro de Pedro, el supuesto conseguidor de los favores solicitados para mejorar la imagen del expresidente, se quedaría con una pena de cinco años y medio en caso de ser condenado por los delitos malversación y fraude, de los que comparecerá a juicio, además de la prohibición de recibir subvenciones del sector público durante los tres años siguientes, mientras que José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena y responsable de los planes políticos para el ascenso de Barazón en el PP, a pesar de ser miembro del PSOE, hace frente a una propuesta de cinco años y medio y también queda excluido de las subvenciones por el mismo periodo. Las defensas exigen la absolución por falta de pruebas.

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