Los juzgados revocan más de 400 altas de oficio decretadas por la Seguridad Social

La delegación en León de la Asociación Nacional de Víctimas de Decisiones Arbitrarias de la Administración Pública Española critica que de al menos 50.000 incapacidades anuales denegadas por la Seguridad Social, 20.000 (de las cuales 400 corresponden a León) tienen que ser corregidas y reconocidas después por los tribunales, circunstancia que se salda después de procedimientos largos que en algunos casos, comportan episodios de depresión entre los afectados.

El leonés José Mariano de Priego, presidente de la asociación, acaba de acceder al cargo para los próximos cinco años. «Estamos preocupados por la deriva institucional en todos sus órdenes, en el civil y en el religioso». La asociación nace a la vera de la Plataforma para la Defensa de la Salud Acústica y Vial de León y trata de hacer frente a «la indefensión de los ciudadanos por la indiferencia de unos poderes públicos alejados de su objetivo supremo: la consecución del bien común».

La entidad nace como un colectivo sin ánimo de lucro. Trata de hacer frente a la corrupción y luchará para hacer frente a las consecuencias de las decisiones de la administración, que luego tienen que ser corregidas por los tribunales. También pretende incidir en los defectos de los Equipos de Valoración de las Incapacidades.

«El delito de prevaricación es un delito especial que solamente puede ser cometido por una autoridad o un funcionario público y consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta. El actor de esta conducta punible será penado con la inhabilitación de su cargo», explica la asociación en un amplio dossier en el que critica la inacción de la Fiscalía Provincial «que puede estar cometiendo una denegación de auxilio», refleja el documento.

Salud laboral

Incide la plataforma en «la desfachatez de los EVIs, más interesados en su pecunio que en la salud de los trabajadores». Su pretensión, según el colectivo, es «reducir gastos a costa de criminalizar un derecho fundamental de las personas trabajadoras, como es su salud». Lo aprecia en casos flagrantes como el de una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social que resolvía que una persona fallecida tres semanas antes era considerada apta para reincorporarse a trabajar por la mejoría apreciada en su evolución respecto a sus problemas pulmonares que le habían llevado a obtener dos años antes la incapacidad total permanente.

De Priego incide en que la depresión en la que han caído algunos de los afectados, trabajadores del Hospital de León, ha impulsado la puesta en marcha de la asociación. «Hay personas en situación muy vulnerable. Este Gobierno que había prometido atender a los desfavorecidos pero antepone los intereses económicos a sus obligaciones». Los afectados por estas decisiones pueden acogerse a la justicia gratuita «porque hay casos donde los medicamentos que tienen que tomar por su salud, consumen casi todos sus ingresos». Enfermedades crónicas son la base de estas patologías.

Criterio material

«Entiendo que los criterios de los economistas de la Seguridad Social sean económicos», explica el presidente, «pero los EVIs (Equipos de Valoración de Incapacidades) lo conforman médicos, que dan altas de oficio y niegan incapacidades y hay casos de personas que no se tienen de pie o que tienen discapacidades reconocidas por la Junta y que en el INSS son dados de alta», afirmó a este periódico. La asociación sufraga sus actividades con la aportación de su junta directiva «porque las subvenciones están muy manipuladas y no queremos hacer guerra política sino defender los derechos de los trabajadores». Cuenta con seis personas en los órganos de gestión y fija su sede en el despacho de abogados Casado Alegre. Hay cincuenta afectados que se han dirigido al colectivo «por la vía del boca a boca» y todos coinciden en que el Estado debe de velar por los intereses de ciudadanos «que son abandonados de forma miserable».