León se abre a imponer una tasa turística que grave las pernoctaciones en la ciudad

El movimiento para la instauración de una tasa turística, que partió de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, llega a León. El regidor de la capital leonesa, José Antonio Diez, se mostró ayer «partidario» de poder sumarse a la «mesa de diálogo entre los municipios y la comunidad autónoma para poder establecer algún tipo de acuerdo en esta materia». Pese a que desde la Junta se ha insistido en que no hay ninguna intención de plantear la creación de un nuevo tributo, que se aplicaría como gravamen a las pernoctaciones por cada noche y persona hospedada, el primer edil socialista abundó en que se trata de «una iniciativa interesante», dado que «contribuiría de una manera importante a dotar de recursos» a los ayuntamientos que tienen que «dedicar también en gran parte» sus fondos propios «a una actividad fundamental como es el turismo».

Diez recalcó que «cuando se prestan ciertos servicios también es importante tener fuentes de ingresos». Aunque evitó responder de manera cerrada a la pregunta concreta de si se posiciona a favor de la entrada en vigor de la tasa turística, el alcalde de León admitió que está «de acuerdo en que se pueda mantener esa reunión entre administraciones». «Todo esto tiene muchos matices respecto a la aplicación de la tasa, cuál es la tasa, cómo es el porcentaje, etcétera», detalló el primer edil de la capital leonesa, quien aprovechó para alabar que su compañera de partido y regidora de Segovia, Clara Luquero, «buscaba, con muy buen criterio, tener una fuerza de unidad de acción del mayor número de alcaldes y fundamentalmente de los alcaldes de las capitales de provincia en ese sentido».

Por ahora, la petición lanzada por la regidora segoviana «nada más llegar a la Alcaldía», como admitió Diez, tan sólo ha recibido de manera pública el respaldo de León y Ávila, mientras que Salamanca y Palencia se han opuesto ala instauración de la tasa turística. El plan incrementaría el precio de los alojamientos, en función de su categoría, aunque «depende de la comunidad autónoma, que es quien tiene que dar la autorización preceptiva», como reseñó el alcalde de León, quien insistió en que la propuesta no puede salir adelante sin el curso del gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco.

La entrada en vigor de la tasa incluiría a León, como parte de la comunidad, dentro de una regulación fiscal que tan sólo tiene dos ejemplos dentro del territorio nacional. Cataluña y Baleares son las dos únicas autonomías que se han atrevido a poner una tasa que grave la estancia de los turistas en los establecimientos hoteleros. Por contra, en otras como Valencia el gobierno autonómico no ha conseguido aprobarla por el momento, a pesar de que se intenta justificar como un modelo para invertir en proyectos de fomento del turismo sostenible, así como para arreglar, mantener y proteger los bienes monumentales.

En tierras catalanas, donde en el último ejercicio se recaudaron más de 56,3 millones de euros, el tributo tiene dos raseros diferentes: uno para Barcelona, donde está fijado en 2,25 euros por persona y noche en hoteles de 5 estrellas, 1,10 euros para los alojamientos de 4, 3 y 2 estrellas, 2,25 euros en los apartamentos turísticos y 0,65 euros en los cámpines y hostales; y otro para el resto, con 2,25 euros, 0,90 euros, 0,90 euros y 0, 45 euros, respectivamente. Mayor es la tasa aún en Baleares, que cerró la caja en la última anualidad con unas entradas por este concepto de 123 millones de euros. En estas islas, los turistas pagan 4 euros por persona y noche en los hoteles de 5 estrellas, 3 euros en los de 4 estrellas, 2 euros en los de 2 y 3 estrellas, 2 euros en hostales, residenciales y casas rurales y un euros los cámpines y pensiones.

El tributo no es exclusivo de España. Fuera de las fronteras nacionales, su implantación es común en las principales ciudades turísticas europeas, como Roma, Milán, Florencia, Viena, Ámsterdam, París, Lyon, Praga, Lisboa o Atenas, entre otras, así como en Nueva York, Punta Cana, Riviera Maya, Marruecos, Túnez, Egipto y Tailandia.

LA PATRONAL SE OPONE

La sugerencia de Diez hizo que ayer la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) se aprestara a reclamar que el Ayuntamiento no se sume a la propuesta. La patronal vaticinó que «con esta medida, el sector turístico en León perdería competitividad, frenaría la llegada de visitantes y restará poder adquisitivo a los turistas», a la vez que «supondría favorecer la economía sumergida frente a las empresas legales que crean empleo y riqueza».

El secretario general de Fele, Álvaro Díez, insistió en que «la medida es un despropósito y cualquier tasa que suponga restar fuerza al turismo y en general, a la competitividad empresarial, no será apoyada por el tejido empresarial». «Es nociva no sólo para el turismo sino para otros sectores como el comercio o el ocio», expuso.

DESDE UPL

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mostrado este viernes su rechazo a la imposición de una tasa turística que grave las pernoctaciones en la ciudad después de que el alcalde de León, José Antonio Diez, se haya mostrado «partidario» de poder sumarse a la «mesa de diálogo entre los municipios y la comunidad autónoma para poder establecer algún tipo de acuerdo en esta materia». Según ha remarcado la formación leonesista en nota de prensa, esta medida supondría una "auténtica desincentivación" y "traba" a uno de los motores más importantes de la actividad económica de la ciudad de León.

Por ello, el grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de León se ha opuesto a la implantación de un gravamen al turismo por las implicaciones que ello conlleva de incremento de los precios en las pernoctaciones. "La discriminación de pernoctación turística y de otro tipo, como la laboral o simplemente de tránsito, desde luego sería de difícil delimitación", ha asegurado. "Al Ayuntamiento de León ya le llegan ingresos de lo que pudiera suponer el gasto del propio turismo, de tal manera que no es preciso implantar una tasa que incrementaría el precio de los alojamientos", ha apuntado sin olvidar que "la competencia para la instalación de este tributo sería de la comunidad autónoma y no de la administración local".