León agiliza la refinanciación de deuda para librarse de la tutela de Hacienda

La operación planeada por el Ayuntamiento de León para refinanciar la deuda pasa a ser una prioridad. Después de que el equipo de gobierno desvelara ayer, dos meses después de recibirla, la comunicación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que le advierte de que no ha enviado el presupuesto de 2017 y debe enviar el de 2018 antes de que se apruebe, el consistorio se marca como muy tarde el primer trimestre de este año para concertar el acuerdo con los diferentes bancos con los que ya negocia. Los créditos cubrirán entre 145 y 154 millones de euros —a la espera de que se decida si se suman otros pendientes a mayores de los ICO— y, al margen de que reducirá el tipo fijo de interés actual del 1,1311 a uno variable de máximo del 0,83%, supondrá que la administración se libra de la tutela ejercida por Montoro, que le exigía enviar las cuentas hasta 2021.

No podrá hacerlo, en todo caso, para sacar adelante el presupuesto de 2018, puesto que la administración está «obligada a someterlo a informe previo y vinculante», como le recuerda la misiva enviada desde la Secretaría de Estado de Hacienda. Esta imposición «se enmarca en la aceptación de las facultades de control para verificar el adecuado desarrollo de las medidas de ajuste adoptadas por su voluntaria adhesión a mecanismos extraordinarios de financiación», en referencia al acuerdo por el que ampliaran de 10 a 20 años el plazo de devolución de los 164,7 millones de euros de la deuda con proveedores canalizada por medio del ICO. «En caso de no atender el presente requerimiento resultará de aplicación, dado el incumplimiento del plan de ajuste, lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 27 de abril», reseña la comunicación.

Pese al tono del aviso lanzado por el departamento de Montoro, el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, apostilló ayer que «en ningún caso el Ayuntamiento de León está intervenido, sino que está obligado a someterse a informe». Más allá del matiz, el edil del PP recalcó que el consistorio «cumple con los indicadores de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». Estas máximas implican que «se garantizan todos los servicios públicos esenciales a los leoneses», como apuntó el responsable municipal, quien citó como avales «el período medio de pago a proveedores, que es de 9 días sobre los 30 que fija la Ley; la estabilidad financiera», demostrada por los «remanentes de tesorería positivos, ahorro neto positivo y superávit constantes a lo largo de los últimos cuatro años; la propuesta de presupuesto con superávit; y el cumplimiento de la regla de gasto y probada capacidad para pagar la deuda incluso con amortizaciones anticipadas».

El cumplimiento de estos indicadores demuestra «la capacidad» del Ayuntamiento de León, a pesar de que no cumple con otra de las máximas fijadas en el plan de ajuste: que las tasas y precios públicos cumplan de manera íntegra los servicios. Esta medida haría que se tuviera que subir la factura a los ciudadanos por «la residencia de mayores, el coto escolar, el transporte público, la escuela de música y el resto de los servicios de carácter social». La cobertura de estos servicios deficitarios se garantiza gracias al resto de medidas adoptadas, como aclaró el edil, quien abundó en que a mayores «para cuando acabe 2018 y desde 2015 la losa heredada se reducirá de 229 a 180 millones de euros; 53 millones en dos años y medio». La amortización se mantendrá como está acordada para los 14,5 años pendientes, recordó Rajoy, quien calculó que si se refinancia se ahorraría cerca de 870.000 euros en intereses anuales.