Facturas
León paga 773.170 € más a las constructoras por la obra anulada del Palacio de Congresos
La factura se corresponde con el 6% del presupuesto no ejecutado del edificio que aún queda
El Palacio de Congresos no está acabado y León tiene que pagar por ello. El Ayuntamiento aprobará hoy en junta de gobierno la resolución del contrato. La renuncia a ejecutar la última fase del proyecto, que afecta a la rehabilitación de la Azucarera Santa Elvira, obligará a la administración municipal a indemnizar al final con 773.169,97 euros a FCC y Dragados. La cuenta se corresponde con el 6% del precio de los trabajos que no han sido ejecutados en concepto de beneficio industrial, según el acuerdo que libera ya a la administración municipal de cualquier compromiso con las sociedades que se hicieron con la adjudicación el 31 de enero de 2011.
La indemnización se suma a la que ya recibieron en 2014, cuando hicieron valer los incumplimientos de la administración contratante al suspender la obra. Entonces, FCC y Dragados se embolsaron 6,7 millones de euros al tener que retrasarse la ejecución del proyecto por la falta de presupuesto disponible, sobre todo por los incumplimientos en las aportaciones pactadas por la Junta, que comprometió el 40%, al igual que el Gobierno, mientras que al Ayuntamiento le correspondía el 20% restante. A la factura se le añadieron además los 2,1 millones de euros a mayores que supuso la subida del IVA, que pasó del 18 al 21%, lo que obligó a enjugar todo el desfase presupuestario con el ajuste de las mejoras no valoradas que habían ofrecido las constructoras en su oferta. La redefinición hizo que se renunciara, entre otras partidas, al plan de explotación de las instalaciones y a la urbanización exterior, que apenas era un tercio de la que se ha hecho al final con un contrato aparte.
A pesar de los ajustes, retomar la obra del Palacio de Congresos, que se suspendió en junio de 2014 mientras se continuaba con la ejecución del Palacio de Exposiciones, obligaría a tener que indemnizar por este tiempo a las constructoras con una factura mayor a la que supone el lucro cesante del contrato. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que decidir cómo resuelve el proyecto, que fijaba para el último edificio un coste de 14.9991.988,14 euros, de los cuales quedaron pendientes más de 12,8 millones. El problema es el agujero de más de 6 millones de euros que hay entre las aportaciones pactadas en el convenio ya cerrado y el presupuesto estimado para poder terminarse como estaba planificado por Dominique Perrault. El anterior equipo de gobierno, que inició la resolución, apostaba por sacar un nuevo contrato para la envolvente, que incluye las cubiertas y las paredes, por valor de 4,7 millones, y luego otro para el equipamiento interior. Ahora, los nuevos rectores municipales tendrá que tomar la decisión.