León valora en 83 M€ tres edificios singulares para poder cubrir sus daños

Pese a que cuenta con cerca de 140 sedes, repartidas por todo el municipio, el Ayuntamiento de León ha decidido poner el foco en la protección específica de sus edificios singulares .

Para aumentar la seguridad en su mantenimiento y adelantarse a los costes derivados de los siniestros que sufran, la administración concertará una póliza de seguro de daños materiales para el consistorio de Ordoño II, que sufrió un grave incendio en agosto de 2012, el auditorio Ciudad de León y el Palacio de Exposiciones. Tres inmuebles que suman un valor de 83.006.938 euros: 77.029.788 euros de valor de la edificación y 5.977.150 euros del mobiliario, maquinaria e instalaciones.

El contrato se oferta desde el Ayuntamiento de León por dos años, con opción a dos prórrogas anuales. El tipo máximo de licitación para los cuatro posibles ejercicios se cifra en 320.000 euros, IVA excluido. En esta factura deben integrarse «la prima total anual, incluidos todos los gastos, recargos e impuestos correspondientes del seguro objeto de contratación», en el que se establecerá «una prima total anual máxima de 80.000 euros», según se recoge en los pliegos de contratación, en los que se reseña que las compañías interesadas deberán ofrecer una «franquicia general para esta póliza» por debajo de los 1.500 euros por siniestro» para atender a los tres edicifios, quetienen una valoración individual: la casa consistorial de Ordoño II, 6.810.360 por la edificación y 2.477.150,00 por el mobiliario, maquinaria e instalaciones; el Auditorio, 18.000.000 y 3.000.000; y el Palacio de Exposiciones 52.219.428 el continente y 500.000 euros el contenido.

El seguro, como se apunta en la documentación rectora del concurso público, deberá incluir, entre otras cuestiones, «30.000 euros por siniestro y año en bienes propios, y 30.000 euros por siniestro y año en bienes de terceros, en los que no quedan incluidos los bienes de empleados, ni los vehículos y su contenido, así como el dinero en metálico». Los pliegos avisan de que tendrá que fijarse un «límite de 150.000 euros a primer riesgo para bienes asegurados que sean desplazados temporalmente desde los locales asegurados en los que habitualmente se encuentren hasta cualquier otro lugar del territorio español, para su reparación, entretenimiento, exposición u otras necesidades del asegurado».

Además, la póliza cubrirá los daños por «obras menores», entendida como tal «aquella cuyo volumen final no supere los 300.000 euros y no afecten a elementos estructurales que contribuyan a la estabilidad y solidez de los edificios, como cimentaciones, zapatas, zancas de escalera, muros de carga y similares, y no afecten a bancadas, apoyos de maquinaria, depósitos o líneas de producción».

El Ayuntamiento reclama en la licitación del contrato una larga lista de «riesgos» que tendrá que cubrir la compañía «dentro de los límites establecidos en el contrato» y por los cuales tendrá que recibir indemnización en caso de «daños y/o pérdidas materiales causados directamente» a los mismos, así como por «sus consecuencias inevitables de los mismos». El catálogo reseña la cobertura ante «los actos vandálicos, maliciosos, o malintencionados de terceros, realizados de forma individual o colectiva», dentro de los cuales quedan garantizados «los daños y/o pérdidas materiales que ocasione la acción de cualquier autoridad, legalmente constituida, para reprimir o disminuir tales acciones o sus consecuencias y por la intervención voluntaria realizada por cualquier persona o personas en su intento de no apoyar o resistir tales hechos». A este apunte se unen otros como los «incendios, rayos y explosiones»; los gastos «adicionales, considerados como tales los que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la autoridad o el asegurado para impedir, cortar o extinguir el siniestro cubierto en póliza»; o las «acciones tumultuarias y huelgas legales producidas en el curso de reuniones y manifestaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente, salvo que las citadas actuaciones tuvieran el carácter de motín o tumulto popular, dado que estarían cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.