Llevan al Congreso una denuncia por acoso a un coronel del Ejército en León

El Congreso de los Diputados estudia la fórmula con la que preguntará a la ministra de Defensa por el caso de un coronel del Ejército de Tierra natural de Asturias pero residente en León que denuncia haber sido objeto de acoso por parte del Director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

Durante el verano de 2019, le presionó para que abandonara su habitación en una residencia militar sin querer esperar a que un juzgado le devolviera su casa. En el parte correspondiente, según el denunciante, obvió que el coronel no tenía ninguna otra casa, que se la iban a entregar próximamente, y que había recurrido una comunicación de desalojo defectuosa.

La cuestión ha motivado, siempre según el denunciante, la presentación de una denuncia por la vía penal contra la presidenta de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados.

Peticiones acordó el pasado día 15 de septiembre de 2020 remitir a la Comisión de Defensa el expediente del caso del coronel, para que estudie la mejor fórmula de ejercer el control al Gobierno, averiguar lo que ocurrió y depurar responsabilidades. Varios documentos oficiales hacían constar que el coronel había hecho entrega de su habitación el día 26 de agosto de 2019. En otros, el día 22, cuando la realidad es que fue el 28, como así ha reconocido el Tribunal Militar Central. La fecha tiene una gran importancia para determinar la cuestión relativa a la finalización del acto administrativo y sobre si caducó o no la representación legal otorgada al letrado. El Ejército de Tierra sostiene en su versión oficial que el director de la Escuela de Guerra no tuvo más remedio que presentar un parte contra el coronel porque, tras pasar a la reserva, no quería marcharse. Siempre según la versión del denunciante el Tribunal Militar Central no accedió a reclamar al Ejército el parte y la «documentación anexa» que cita el asesor Jurídico en su informe.

El auto de incoación del expediente, que obra en poder de este periódico, refiere que el denunciante considera que el general es responsable de la presión que sufrió para que abandonara su alojamiento tras pasar a la situación de reserva. Había perdido el derecho a la utilización de la habitación por esta circunstancia, pero le faltaba muy poco tiempo para que se le hiciera entrega de una vivienda en propiedad que había adquirido. Habiendo explicado esta situación, en principio se le concedió el permiso para hacer uso del inmueble, pero posteriormente ante la presión ejercida por el general, tuvo que desistir de la espera necesaria para resolver la impugnación de la tasación de costas realizada por la persona que ocupaba la vivienda que iba a adquirir, circunstancia que le hizo perder 14.000 euros.

El general demandado fue protagonista cuando era coronel del primer caso judicial de mobbing en el Ejército de Tierra en la historia del país. Aquella causa celebrada por este asunto fue archivada, si bien el Tribunal Supremo tiene pendiente analizar los recursos interpuestos contra la absolución del demandado por otro delito de deslealtad, del que fue juzgado por el Tribunal Militar Central.

Al defensor del pueblo

El denunciante alega ahora que la Secretaría de la Dirección de Comisiones del Congreso de los Diputados, le dijo al padre del coronel que preguntara al Defensor del Pueblo sobre el estado de tramitación de su solicitud de interpelación a la ministra de Defensa. No obstante, reconoce en su versión que se trata de un «correo anónimo». El coronel estuvo a punto de ser sancionado con dos meses de arresto en el establecimiento disciplinario militar de Colmenar Viejo (Madrid) como le había pasado, cuando él era comandante a uno de los testigos en el juicio por mobbing contra el Jefe del Regimiento de Infantería Garellano 45 de guarnición en Munguía (Vizcaya). El fiscal militar pidió un año y medio de prisión para él. El otro coronel que testificó en defensa del ahora afectado en León fue cesado en su destino.