Una macrorredada entrega a la Audiencia a varios clanes de la ciudad por armas y drogas
En el banquillo de los acusados se sentarán ocho personas para los que se piden penas de entre cuatro y once años
Sala de control desde la que se coordinó el operativo. FERNANDO OTERO
La Audiencia Provincial juzgará el próximo día 13 de octubre, a partir de las 9.30 de la mañana en su Sección Tercera a ocho personas, pertenecientes a etnias y familias con numerosos antecedentes penales, acusados de tráfico de drogas, delito grave daño a la salud, tenencia ilícita de armas y depósito de municiones.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, como consecuencia de denuncias anónimas en las que se exponía que dos de los individuos vendían drogas, se procedió a montar vigilancias en las inmediaciones de los inmuebles ocupados por estas personas y por el resto de los acusados, pudiendo comprobar como todos ellos de común acuerdo estaban llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes de terceras personas.
El día 11 de abril de 2018 ocuparon a uno de los investigados cocaína que había comprado en el domicilio de otros dos sospechosos.
El 27 de abril tuvo lugar una intervención de carácter similar. El 3 de mayo ocurrió lo mismo con la pareja que había protagonizado el segundo suceso presuntamente delictivo. Y así hasta en siete episodios más. El modus operandi siempre era el mismo: personas se dirigían a un domicilio, entraban, salían a los pocos minutos y se les interceptaba droga en su posesión, que acababan de comprar en el interior de los inmuebles vigilados.
Colaboración
El caso se inició con las llamadas anónimas de varios denunciantes que dieron datos fidedignos
Los hechos anteriores motivaron la existencia de indicios suficientes para considerar qué los acusados, todos ellos relacionados familiar y personalmente puesto que utilizaban unos de otros y se contaban los domicilios de unos de otros, se estaban dedicando de forma concertada a la venta de sustancias tóxicas a terceras personas que acudían a sus domicilios. Éste hecho motivó la solicitud por parte de los agentes de la autoridad de varias entradas y registros en los inmuebles, que tuvieron lugar el 26 de septiembre de 2018, en las calles Peña Prieta, Padre Vitoria, avenida Constitución, Paseo del Parque y Peña Najo.
En estos domicilio se encontraron grandes cantidades de droga, cartuchos y armas de fuego, importantes cantidades de dinero, balanzas y básculas de precisión, cargadores metálicos de munición, una granada de mano, un revólver, y envoltorios de cocaína. Ninguno de los investigados tenía licencia de armas y en el caso de uno de los sospechosos, había tenido a su nombre tres vehículos en diez años y había puesto a nombre de su hija menor de edad otros cuatro sin ingresos justificados conocidos.
Las penas que solicita el ministerio público van desde los cuatro años de cárcel para los casos de menor gravedad hasta los once años de prisión para las de mayor importancia.
Dos abogados encarnan la defensa de los ocho acusados, para los que solicitan la libre absolución. Lo hacen amparándose en la falta de pruebas que a su juicio se desprende de la investigación, puesto que no se ha constatado desde su punto de vista que los investigados se dedicaran a la venta de drogas ni que las sustancias estupefacientes intervenidas hubieran estado en posesión de los sospechosos, como afirma la acusación.