Más de 14.200 hogares leoneses no tienen para pagar la luz y la calefacción

Un total de 14.237 hogares leoneses viven en una situación de falta de recursos que les impide hacer frente al gasto de la luz, la calefacción y el agua. Son los afectados por la pobreza energética, que según los datos de Cruz Roja se duplicó el año pasado y afecta ya a un 7,5% de los hogares de Castilla y León. Las administraciones locales tienen ayudas de emergencia para las familias que viven en esta situación, pero «en realidad no existe una voluntad política de afrontarla», por eso muchas personas no conocen esta posibilidad, mientras diputaciones y ayuntamientos ponen trabas a la concesión de las ayudas.

Así lo denunció ayer Rosa Castro, secretaria de Política Social de CC OO. El sindicato exige a la Junta que haga cumplir a las administraciones locales la norma para dotar de ayudas de emergencia a las familias en situación de vulnerabilidad; pero también ha acudido al Procurador del Común para que «intervenga con las administraciones, y dejen de mantener ordenanzas que impiden a muchas familias acceder a las ayudas a las que tienen derecho».

Castro recordó que en España más de cuatro millones de personas viven en situación de pobreza energética, y que la mayor parte de ellas son de edad avanzada y se concentran en cinco autonomías. Una de ellas, Castilla y León. «Si los ingresos siguen bajando y el umbral de pobreza aumenta, cada vez habrá más familias en esta situación».

La responsable de Política Social destacó que la Cruz Roja leonesa ha tenido que incrementar casi un 33% su presupuesto el año pasado para hacer frente a las necesidades energéticas de las familias, y que en los últimos meses un millar de familias más han acudido a solicitar ayuda para el pago de calefacción.

Trabas administrativas

Las ayudas de emergencia han sido uno de los avances que se han incluido en el marco del Acuerdo Social de la Comunidad, y desde CC OO se recuerda que son «un derecho subjetivo, no dependen de una partida presupuestaria. De hecho diputaciones y ayuntamientos no no pueden tener cerrada esta partida, y deben atender las necesidades que se les presenten».

Castro recordó también ayer que no se puede computar el patrimonio de los beneficiarios, que las ayudas se tramitarán en el plazo máximo de un mes y que son compatibles con otras prestaciones. La cuantía anual que pueden recibir para este concepto es de 3.195 euros.

El sindicato lamenta la tardanza en adaptar la norma autonómica en las administraciones locales, aunque en el caso de la Diputación valora que se hayan aceptado muchas de las enmiendas que presentaron para corregir las trabajas que incluía la ordenanza provincial. También el publicad por San Andrés del Rabanedo incluye condiciones que vulneran la norma autonómica, mientras que en Ponferrada aún no se ha pubilicado el decreto.

El sindicato reclama voluntad política para «priorizar las necesidades sociales» y ofrece asesoramiento.